Bases antisubversivas funcionan en colegios del pueblo y son vulnerables. El personal duerme hacinado, carece de vehículos y de teléfonos satelitales
Ralph Zapata
En medio de la selva, en la parte más baja de Kepashiato, los policías y soldados ignoraban de dónde venían los disparos. Una ráfaga alcanzó a un cabo del Ejército y lo hirió en la mano, mientras que una escolar que cruzaba por allí en ese momento fue rozada por un proyectil. Los impactos de aquel ataque terrorista, ocurrido hace dos meses, aún permanecen en las paredes del colegio, donde funciona provisionalmente una base antisubversiva.
Todos saben que el colegio de Kepashiato, que aloja a policías y militares, es blanco fácil de los narcoterroristas que dominan el valle de Vilcabamba. Desde las alturas, de cuando en cuando, sueltan ráfagas que alertan a los agentes. Lo mismo ocurre en el campamento de Yuveni, donde la situación se agrava debido a las lamentables condiciones en que viven los policías, sin camas donde dormir, sin vehículos para movilizarse y sin teléfonos satelitales.
Eso lo conocen los subversivos, pues cuentan con un activo servicio de inteligencia en los valles de Quillabamba y Vilcabamba, desde las capitales distritales hasta los pueblos alejados, como Kiteni, Kepashiato, Lagunas y el valle de San Miguel. “Han sabido agenciarse de pobladores locales que los mantienen al tanto de lo que ocurre en las capitales y en las zonas cercanas a las bases mismas”, comenta una fuente confiable.
ASÍ NO SE COMBATE
El Comercio viajó el martes 31 de julio hasta las bases antisubversivas de Kepashiato y Yuveni, escuchó los testimonios de policías y militares y comprobó las pésimas condiciones en las que viven y enfrentan el narcoterrorismo. En Kepashiato, los policías han ocupado el colegio del lugar. “Hace cuatro días que no nos mandan rancho. A veces hacemos ‘chanchita’ para comer. Tenemos un solo baño y un solo caño de agua. Dos efectivos están enfermos de tifoidea. Estamos expuestos a enfermedades y a ataques terroristas”, dice un agente.
Mañana se retoman las clases en la escuela y los policías tendrán que salir desde las 6 a.m. hacia el monte; y regresarán a las 2 p.m., cuando los alumnos se hayan marchado. A esa hora almorzarán, si es que ha llegado el rancho, y después por la noche irán a dormir, hacinados y en el piso, en un cuarto pequeño.
Al costado del colegio funciona un campamento militar hecho con sacos de arena. Allí permanecen los soldados que apoyan a los policías en la vigilancia del pueblo. Ambas fuerzas combinadas patrullan solo la zona urbana, no se internan en la selva. Los soldados tienen que cargar madera para cocinar sus alimentos.
Peor situación es la que se vive en la base policial de Yuveni, donde los agentes se quejan de la falta de teléfonos satelitales, vehículos para desplazarse y camas donde dormir. “Si hubiera un ataque, los refuerzos demorarían en llegar por lo menos un día –dice un policía–. Nosotros acá nos mantenemos solos. Patrullamos el pueblo y realizamos disparos disuasivos de vez en cuando”.
OBSERVADO Y ESTUDIADO
En Kiteni y todo el valle de Vilcabamba, todo extraño es sospechoso. Hay gente del pueblo que lo observa y estudia a uno. El Comercio llegó, de nuevo, hasta el colegio de Lagunas, y fue interceptado por un motociclista y luego tres lugareños más. Preguntaron quiénes éramos, qué hacíamos. De vuelta a Kiteni, en San Martín de Lagunas, un sujeto detuvo la camioneta y preguntó si éramos los que arreglan la carretera. Le dijimos que no. Después de mirar la tolva del vehículo y al interior, dijo: “Ya, vayan nomás”. Dos horas más tarde, apenas pisamos el campamento de Venecia, en Kiteni, se escucharon en el bosque cuatro disparos. “Sabían que estaban allí, los habían estado siguiendo. Ellos, los ‘cumpas’ querían hacer notar su presencia”, nos dice nuestra fuente.
Incluso –agrega– hace unos días la profesora de San Martín de Lagunas vio a ‘Gabriel’ y otros terroristas jugando fútbol en la canchita de la escuela. Sus armas las dejan a un costado. Ellos mismos irrumpen en los colegios algunos sábados, utilizan las aulas para difundir su ideología a niños y adultos, conversan con la gente y hasta se confunden con ellos.
Un policía de Kepashiato relata que la dueña de una tienda le dijo: “¿Para qué han venido? Ya me malograron el negocio”. Se refería a la droga que pasa por ese lugar.
ESTAR A LA ALTURA
El alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez, confiesa que después del ataque al colegio la gente le ha pedido que, por favor, hable con los policías y militares para que desalojen las instalaciones. “Están muy preocupados, algunos ya no quieren enviar a sus hijos a clases. Por eso hemos donado un terreno de dos hectáreas en la parte alta, a la entrada del colegio, donde se construirá la comisaría”, anuncia.
Solo falta la decisión política para iniciar la construcción de la dependencia policial. El Municipio Distrital de Echarate está ansioso por invertir dinero del canon –recibe unos S/.400 millones al año– en esa obra. “Hay que actualizar el expediente técnico y esperar que el Gobierno priorice este trabajo”, prosigue Sánchez.
En el caso de los campamentos militares de Kepashiato y Yuveni, se dijo que el Ejército compraría los terrenos. También que la comisaría de Yuveni se ubicaría en la parte alta del pueblo, en una hectárea.
“Con buenas instalaciones, buenos sueldos e incentivos, el personal estará tranquilo en la selva. Hay que velar por el bienestar de los soldados y policías, es lo primordial para acabar con estos delincuentes terroristas”, dice un policía. Asentimos. Primero invertir, luego hacerle frente al narcoterrorismo.
ANTECEDENTES
ATAQUE EN LA CONVENCIÓN
El 6 de febrero de este año los terroristas atacaron la comisaría de Pucyura e hirieron a dos policías. Los refuerzos tardaron porque hubo un huaico y la señal de celular es inexistente en la zona.
HIEREN A COMISARIO
El 21 de julio una columna narcoterrorista interceptó en Quellouno a policías que regresaban de una reunión de seguridad ciudadana. Hirieron al comandante PNP Jorge Cotito, comisario de Echarate, y al técnico PNP Minio Torres.
