La explosión de tres helicópteros perpetrada el sábado último por miembros de Sendero Luminoso en el aeródromo de Kiteni habría sido factible para los subversivos debido a que el lugar no contaba con resguardo de las Fuerzas Armadas. Y esto a solicitud de la misma empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) desde que en abril último 36 trabajadores fueron secuestrados por temor a una nueva incursión terrorista.

El diario La República informó hoy que durante una reunión entre los ministros de Defensa, Interior y Energía, Pedro Cateriano, Wilfredo Pedraza y Jorge Merino, respectivamente, con el titular de la PCM, Juan Jiménez Mayor, y el presidente de TGP, Ricardo Raúl Ferreiro, el primero de estos consideró “un grave error” el retiro de los militares pues el Gobierno contaba con una “estrategia integral de seguridad para Camisea”.

Sobre la tensa situación que ha generado este tema, el legislador Rolando Reátegui lamentó que el Ejecutivo haya accedido a la petición empresarial solo porque aparentemente la presencia militar “provocaba a los terroristas”.

“¿Por qué le hacemos caso a una empresa que pide a los militares que se vayan? La obligación del Estado es resguardar todo el país, por lo tanto no se le puede hacer caso a una empresa privada”, refirió Reátegui.

Para el legislador existe la probabilidad de que Transportadora de Gas del Perú haya estado pagando cupos a los subversivos para poder operar con normalidad. A su juicio, los terroristas coaccionaron para que el lugar quede sin seguridad.

PLENO ESPECIAL PARA EL CASO En tanto, el presidente de la Comisión de Defensa, José Urquizo, anunció que la próxima semana se realizará una sesión especial del pleno en que se abordarán temas concernientes a la amenaza terrorista así como proyectos de ley sobre el particular. El legislador discrepó además con el primer ministro, Juan Jiménez Mayor, quien pidió no “hacer una novela” sobre el ataque terrorista en Kiteni.

“El presidente del Congreso pidió a la Comisión de Defensa priorizar el debate de proyectos de ley enmarcados en el tema de terrorismo y fijar un día para abordarlos en el pleno. Esto podría realizarse el miércoles 17”, sostuvo.

Sin embargo, Urquizo manifestó que no todo depende del grupo de trabajo que encabeza pues el proyecto de ley que inhabilita a sentenciados por terrorismo ejercer la docencia está en la Comisión de Educación, por ejemplo. “La ley del Negacionismo se encuentra en la de Comisión de Justicia y Constitución también”, dijo.