Por: Katherine Subirana Abanto

“No estoy seguro si necesitamos un código de consumo”. Jaime Thorne, presidente del Indecopi, dice que con esta expresión no intenta desacreditar el pedido del presidente Alan García, ni el trabajo de la comisión que creará el código del consumidor, presidida por Walter Gutiérrez, Decano del Colegio de Abogados de Lima (CAL), sino resaltar que la actual legislación de defensa al consumidor es bastante buena. “No estaríamos mal, como se ha dado a entender las últimas semanas”, subrayó.

La polémica se originó en el mensaje presidencial de Fiestas Patrias, cuando se propuso la consolidación de todas las normas de defensa del consumidor. El trabajo de realizar un código del consumidor fue encargado a una comisión dirigida por el decano del CAL.

Sin embargo, el debate abierto entre Gutiérrez y Thorne durante la semana pasada, más allá de lo anecdótico, deja entrever la falta de conexión entre el Indecopi y la comisión encargada de elaborar el nuevo código, a pesar de que entre los miembros de dicho grupo, se encuentra el presidente de la Comisión de Defensa al Consumidor, Alonso Morales.

Gutiérrez es más frontal en este debate. Contrariamente a lo que afirma Thorne, opina que el trabajo en protección al consumidor que realiza el Indecopi sí deja muchos vacíos alrededor. “Defender al consumidor no solo es atender llamadas. Lo que se busca es hacer de esta defensa una política de Estado, que hoy no existe”, señala. Y añade que “la idea no es desaparecer al Indecopi ni quitarle atribuciones, sino fortalecerlo para llenar sus vacíos”.

¿CÓMO ESTAMOS?
Indecopi tiene 16 años de existencia. Su presidente, Jaime Thorne, señala que esa es una de las razones por las cuales la institución avanza a paso lento en algunas reformas. “Somos una institución joven a comparación de otras en América, pero nuestro servicio de atención ha avanzado muy bien. En lo que va del año vamos atendiendo 132.254 ciudadanos, y con la última modificación hecha a la ley de protección al consumidor, hemos realizado un gran avance”, resalta.

Carolina Sáenz, abogada del Estudio Rubio, acompaña esta afirmación, pues según ella, con las modificaciones que realizó el Ejecutivo con motivo de la firma del TLC con USA, “el consumidor sí se encuentra protegido eficientemente. El problema es que ese consumidor no está bien educado para reconocer sus deberes y derechos”.

Sin embargo, la iniciativa de creación del código del consumidor ya está en camino y, antes de incentivar el debate, Sáenz prefiere esperar el texto preliminar del código que apunte a crear un consumidor educado. “La idea de recoger la normativa dispersa en la materia es buena, pero sería mucho mejor que se dé un paso más para encontrar la manera más efectiva de aplicar las normas”, agregó.

POCA DEFENSA
Es curioso ver en el actual sistema de defensa al consumidor la cantidad de entidades que se dedican a ello: hay 43 registradas ante el Indecopi.

Voceros de esta institución aclararon que la labor que desarrollan dichas asociaciones descarga de gran forma su trabajo, ya que, además de orientar al consumidor, pueden ser representantes legales de los mismos y asesorarlos (sin costo, la mayoría) cuando un ciudadano decide llevar un proceso legal ante Indecopi o el Poder Judicial.

Un hecho destacable en este punto es que de las entidades registradas, solo ocho tienen convenio con Indecopi, lo que significa un rédito económico para ellas en caso de ganar un proceso abierto por un consumidor contra una compañía. Al respecto, Jaime Delgado, presidente de Aspec (una de las entidades particulares de defensa al consumidor más conocidas del país), y miembro de la comisión que elabora este código, reconoce que las asociaciones de protección al consumidor que existen no tienen peso legal real y que el Código les daría mayor peso.

¿Y LAS EMPRESAS?
Por el lado empresarial, Peter Anders, presidente de la Cámara de Comercio de Lima (CCL), considera que el consumidor está bien protegido, lo que le falta es educación. “Ese es el vacío, no la legislación, por lo que no sería prudente seguir empapelando a las empresas con leyes, ni pretender manejar sus tarifas”, advirtió.

Preocupación similar presentaron ejecutivos del sistema bancario, aún sorprendidos por la propuesta del discurso presidencial de Fiestas Patrias para regular los sobrecostos de los intereses de las tarjetas de crédito.

CONSENSO
Tanto Gutiérrez como Delgado llaman a la tranquilidad de los empresarios, y afirman que cuando esté lista la propuesta se les comunicará para su consideración.

Gutiérrez aclaró que la comisión no es intervencionista, que el código no será un tarifario, y que “la economía social de mercado habla de protección a la empresa, y también al consumidor”.

Sin embargo, el debate continúa. Thorne considera que el proyecto es utópico en muchos puntos, mientras Gutiérrez defiende que en otros países ha sido aplicado con éxito.

Habrá que esperar su nacimiento, a fines de setiembre, para dejar de debatir sobre supuestos.

Sin embargo, debemos tener presente que aspectos como la educación del consumidor y la defensa de sus derechos, están más allá del debate.