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26 de mayo del 2012 | 19 °C
Yacimiento cuprífero de Doe Run detuvo operaciones hace una semana, en Huancavelica
Lima (Reuters). La atribulada empresa Doe Run Perú dijo el martes que la huelga en su mina cuprífera Cobriza afectaría el reinicio de las operaciones en su vital fundición, paralizada el año pasado en medio de problemas financieros.
Los trabajadores del pequeño yacimiento en Huancavelica iniciaron hace una semana su segunda huelga en menos de un mes en demanda de una bonificación monetaria.
“La huelga podría afectar seriamente el proceso de solución integral de la difícil situación por la que atraviesa Doe Run Perú", dijo la compañía en un comunicado.
“Esta huelga podría debilitar más la difícil situación de la empresa y las negociaciones que viene sosteniendo con proveedores de concentrados e instancias pertinentes del Gobierno para el más pronto reinicio de operaciones del complejo de La Oroya", agregó.
Doe Run Perú paralizó en junio pasado la producción en el complejo metalúrgico de La Oroya, en los Andes peruanos, luego de que los bancos le cortaron sus créditos.
A inicios de marzo, la firma anunció un acuerdo financiero con la operadora de materias primas suiza Glencore que allanaría el camino para el reinicio de la fundición y la concreción de un plan ambiental en el contaminado pueblo adyacente al complejo.
El Gobierno peruano dijo la semana pasada que la firma debe reanudar sus faenas en la planta antes del 31 de julio, cuando vence el plazo de 10 meses concedido por las autoridades para que lo haga.
Doe Run Perú, por su parte, ha dicho que retomará las operaciones en la fundición cuando alcance un acuerdo con los proveedores de concentrados, a los que debe unos 110 millones de dólares y quienes dejaron de abastecerla en medio de sus problemas financieros.
La compañía tiene inversiones pendientes por 150 millones de dólares para completar el plan ambiental, llamado PAMA.
El año pasado, un policía murió en enfrentamientos con pobladores y trabajadores mineros, quienes pedían al Gobierno una extensión del plazo para la culminación de ese plan.
Tras una fuerte presión, el Gobierno extendió por 30 meses el plazo, que vencía originalmente en octubre del 2009, para que la minera finalice su ejecución.