Aráoz dijo que en su despacho hay preocupación por la situación de Doe Run, que desde su punto de vista tiene que cumplir con sus compromisos y ser “responsables ambientalmente”.

La semana pasada, los representantes de la empresa presentaron una nueva agenda a fin de que el Poder Ejecutivo modifique el contrato de privatización de la fundición de La Oroya del año 1997 para que sus accionistas estén blindados ante cualquier denuncia por daños al medio ambiente y así librarse de los juicios que tiene en el exterior.

“Es increíble la actitud de Doe Run que lamentablemente hace mucho daño a la imagen internacional del país cuando el Perú quiere atraer a inversionistas serios y responsables ambiental y socialmente”, indicó Aráoz a la agencia Andina.

UN CASO ESPECIAL
La ministra aclaró que Doe Run es un caso muy particular, puesto que los empresarios del sector minero no están contentos con el proceder de dicha compañía y que incluso ya no pertenece a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) por este problema.

“Evidentemente no actúa bajo el criterio de lo que deben hacer las empresas mineras responsables, cumpliendo con los programas de adecuación ambiental como debe ser”, añadió.

Para finalizar, dijo que su cartera junto al Ministerio de Energía y Minas trabajan en una propuesta sobre las nuevas condiciones exigidas por Doe Run para reiniciar sus labores a partir del próximo 27 de julio.