Por: Manuel Marticorena Enviado especial

LA OROYA. A casi 48 horas de que venza el plazo dado por la Ley 29410, para que Doe Run reanude sus operaciones en el complejo metalúrgico de esta ciudad, el ambiente que se vive es realmente confuso: los pobladores no quieren contaminación, pero insisten en la necesidad de que la empresa vuelva a operar. Aunque no creen más en Doe Run, han cifrado su esperanza en que ella es la única que logrará que los 2.100 trabajadores continúen con sus empleos.

Varios comerciantes, como Teófilo Anco, presidente de la Asociación de Comerciantes Túpac Amaru, aseguran que sus ventas han caído 40% y, si bien no están de acuerdo con el accionar de Doe Run, han cerrado filas en apoyo de los trabajadores.

Según Anco, el impacto ante la paralización de operaciones ha sido de tal magnitud que cerca de seis colegios particulares han dejado de funcionar y 60 tiendas de comercio en La Oroya Antigua han cerrado sus puertas.

Sin embargo, La Oroya no vive solo de Doe Run, porque muchos de sus pobladores laboran en empresas mineras como Pan American Silver, Duvaz, Chinalco y Volcan, que se encuentran en la provincia de Yauli, a pocos kilómetros de La Oroya. En realidad, tras 14 meses de paralización de la fundición, otras actividades como el transporte no se han visto alterados, por el contrario gozan de “buena salud”, comentó un empresario que prefirió no ser identificado.

Sin embargo, los pobladores están a la espera del vencimiento del plazo y están esperanzados en que Doe Run dé una respuesta positiva. No obstante, un trabajador que también pidió mantener su identidad en reserva —cualquiera que opine en forma contraria es considerado traidor a la causa— confesó que aguardaba con preocupación el desenlace.

REUNIÓN EN LIMA
El viernes los sindicatos de trabajadores de Doe Run se reunieron con el presidente del Consejo de Ministros, Javier Velásquez; el presidente regional de Junín, Vladimiro Huaroc; el ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez; y el viceministro de Trabajo, Javier Barreda. Este último expuso un plan de contingencia para los trabajadores, en el que figura una subvención estatal de unos S/.3.000 por trabajador para su reconversión laboral.

Los representantes de los trabajadores dijeron que no consideraban posible esa reconversión, pues al hacerlo aceptarían que la empresa no tiene viabilidad. Asimismo, no quieren llegar a un proceso concursal en Indecopi, porque este desembocará en una nueva administración que reducirá los puestos de trabajo. Según diversas versiones que se escuchan en La Oroya —posiblemente difundidas por la empresa—, el complejo puede funcionar tranquilamente con 800 trabajadores y no con 2.100, el número con los que cuenta actualmente.

Se debe indicar que Cormín pidió a Indecopi el inicio de un proceso concursal para Doe Run y se analice su proceso de reestructuración o se declare su insolvencia. En este proceso podrán participar todos los acreedores, al haberse derogado el decreto que prohibía la participación de las empresas vinculadas, como era el caso del Grupo Renco, de propiedad de Ira Rennert.

De otro lado, Doe Run aún no ha alcanzado al Ministerio de Energía y Minas un compromiso de acuerdos con su proveedores y garantías de cumplimiento de la culminación de su Programa de Adecuación y Manejo Ambiental (PAMA).

Doe Run convocó una reunión con sus trabajadores para mañana a las 10 a.m., en la que daría a conocer su posición final.

Mientras se acerca el momento del desenlace, varios contingentes policiales han arribado a La Oroya como medida preventiva ante posibles disturbios.

Algunos no quieren más contaminación
Los pobladores Manuel Salazar y Pablo Fabián Martínez viven frente a la fundición de Doe Run. Ambos tienen problemas de salud debido a las emisiones de plomo, cadmio y arsénico de la metalúrgica. Pablo tiene un hijo afectado por la concentración de plomo en la sangre. Tiene 21 microgramos por decilitro (µg/dl) en la sangre y lo permitido son 10 µg/dl. Ambos han denunciado continuamente estos problemas y por hacerlo han sido injustamente víctimas de amenazas por parte de los trabajadores de Doe Run.

A ambos no les interesa si es Doe Run, otra empresa o el Estado quien administre la fundición y la refinería. Lo que realmente les importa es que su salud sea atendida de manera adecuada y que se dejen de emitir elementos tóxicos. Por ese interés, que es a todas luces justo, son tachados como ambientalistas en La Oroya.

Por ahora, el tema de la salud en La Oroya ha sido dejado en un segundo plano, pues se da prioridad a la discusión de si la empresa vuelve a operar y si se salva el empleo de los trabajadores. Incluso, una ex alcaldesa de la ciudad declaró hace pocos días en un medio de comunicación local que “primero estaba el estómago y luego lo demás”.

EN PUNTOS
Obreros cobran el 70% de su sueldo
Unos 50 obreros del Complejo Metalúrgico de La Oroya han sido trasladados a la mina Cobriza, también de Doe Run.

El 70% de los trabajadores de La Oroya supera los 50 años, lo que hace difícil su colocación en otras empresas.

Los trabajadores actualmente reciben el 70% de sus sueldos pese a no laborar. A partir del martes exigirán recibir el íntegro de su remuneración.

La policía de La Oroya considera posible que el martes permita el ingreso de los trabajadores a la planta junto con la representante del Ministerio de Trabajo para levantar un acta.

También para el martes varias organizaciones de La Oroya convocan una consulta popular para demostrar su apoyo a los trabajadores.