Por: Marienella Ortiz

Con pocos meses a cargo del Ministerio de la Producción (Produce), Jorge Villasante se encontró con una lista de 61 embarcaciones pesqueras que accedieron de manera irregular, desde el 2005 a la fecha, a licencias de pesca mediante el Poder Judicial. Estas empresas habrían amasado unos US$20,5 millones solo sumando las temporadas de pesca del 2009 y del 2010 (primera temporada), al contar al día de hoy con una capacidad de bodega en conjunto de 43.564 toneladas.

Durante el 2009 se capturaron 24.905 toneladas de anchoveta, lo que hizo un valor de US$7,47 millones, mientras que, en lo que va del 2010, se capturaron 43.564 toneladas, lo que implica un valor mayor que los US$13 millones, detalló.

El ministro no puso en duda que estos permisos involucran actos de corrupción por parte de malos elementos del Poder Judicial. Por lo pronto, el Produce denunciará hoy al juez mixto de Sechura Guillermo Alberto Zúñiga por delito de prevaricato. Este magistrado habría admitido irregularmente cinco medidas cautelares a favor de una misma persona. Además, llamó la atención su celeridad a la hora de admitir una medida cautelar para una licencia de pesca: el 30 de setiembre se presenta la solicitud, el 1 de octubre se acepta y el mismo día se entrega a la mesa de partes del Produce.

Villasante resalta que al menos 10 jueces están vinculados con estas resoluciones. También señaló que hace dos semanas llegaron otras 10 medidas judiciales y ayer otro grupo más. De las 61 embarcaciones con licencias irregulares, una gran mayoría son de embarcaciones en el norte del país, aunque 25 se entregaron en Lima.

Otra particularidad de estas medidas cautelares está en que exigen al Produce dar licencias de pesca para anchoveta y cualquier otra especie, sin siquiera fijarse períodos de veda.

Otra argucia legal: algunas empresas o personas naturales recurren a la Dirección Regional de Piura para obtener un permiso de pesca y, al no haber respuesta, lo toman como un agotamiento de la vía administrativa, para así llevar el caso, igualmente, ante un juzgado de la zona.

Villasante aclaró que la facultad de otorgamiento de permisos de pesca es exclusiva del Produce y no de otras instancias, como el fuero judicial o las direcciones regionales.

PREOCUPACIÓN
El gerente general de la Sociedad Nacional de Pesquería, Richard Inurritegui, expresó la profunda preocupación de su gremio respecto de la proliferación de este tipo de licencias obtenidas por la vía judicial y que involucraría un trabajo “concertado” entre malos jueces y abogados.

“Somos enfáticos en que no debe continuar este tipo de prácticas que ponen en riesgo el ordenamiento pesquero y la sostenibilidad del recurso y apoyamos la investigación que hace el ministro [Villasante] para erradicar la corrupción”, expuso.

También demandó que se hagan públicos los nombres de los armadores y empresas que habrían participado en maniobras ilegales. “Si hay un asociado involucrado, haremos también las sanciones correspondientes”, señaló.

Inurritegui agregó que, con la lista de nombres, los asociados tendrán la opción de no comprar tal producción pesquera, como una forma de apoyar al Produce.

Igualmente, Juan Arrús, gerente general de la Asociación de Armadores de Nuevas Embarcaciones Pesqueras, expresó su apoyo a la administración actual de Produce en su lucha contra estos actos irregulares. Pidió a las instancias internas del Poder Judicial que tome las medidas correctivas que pongan fin a este tipo de medidas cautelares.

“Que el Poder Judicial ahora haga las labores administrativas de un ministerio es simplemente el mundo al revés”, afirmó.

MÁS DATOS
Hace unas semanas, el ministro de la Producción, Jorge Villasante, denunció a dos funcionarios de su ministerio que intentaron otorgar una licencia de pesca irregular.

Los dos funcionarios fueron separados del cargo y denunciados ante el Ministerio Público.

Villasante destacó que la fiscalización continúa en el trabajo de campo de los inspectores, para detectar los incumplimientos de las empresas.

Sobre esto último, pidió más apoyo de la Dirección General de Capitanías y Guardacostas de la Marina para fiscalizar las naves.