Pro Inversión
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María Rosa Villalobos

Álvaro Quijandría cumplirá la próxima semana nueve meses al frente de . El economista era una de las cartas claves del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, pues se le encargó impulsar la cartera de proyectos de inversión de dicha entidad a la par que se concretaban profundos cambios normativos y organizacionales dentro de la institución.

Sin embargo, en el gobierno no habría conformidad con lo avanzado y ya se habría acordado con Quijandría su salida en los próximos días. Camilo Carrillo, actual director general de Política de Promoción de la Inversión Privada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), es uno de los voceados sucesores, aunque el Ejecutivo podría inclinarse finalmente por un banquero de inversión.

“En Pro Inversión todo avanza bien. El director ejecutivo continúa al frente de la institución [...]. Son rumores”, fue la respuesta de la institución al ser consultada por este Diario.

DOBLE REFORMA
Desde que asumió el gobierno de PPK, Pro Inversión ha experimentado dos grandes cambios: el de su marco normativo y el de su gobernanza y organización interna. La expectativa era que se atravesara el camino de las reformas sin ralentizar demasiado las adjudicaciones de nuevos proyectos.

Sin embargo, este año solo se ha otorgado la buena pro a dos empresas: a Terna Plus para la línea de transmisión eléctrica Aguaytía-Pucallpa y al Consorcio Hidrovías II (Sinohydro Corporation y Construcción y Administración) para la hidrovía amazónica.

El menor dinamismo que se percibe en Pro Inversión se puede relacionar con el nuevo marco normativo para asociaciones público-privadas (APP) promulgado por este gobierno. Este obliga al Estado a ser más cuidadoso con su planificación, sostiene Magali Lazo, directora del área de infraestructura y asociaciones público-privadas del Estudio Muñiz.

Por ejemplo, para que un proyecto pueda ser tomado en cuenta por Pro Inversión, ahora debe ser considerado dentro del Plan Multianual de Inversiones del sector que lo propone.“Va a pasar un buen tiempo hasta que el Estado aprenda a planificar [...]. Además, lo que se planifique va a tener que ser ejecutado rápidamente”, afirma Lazo.

Los nuevos protocolos procedimentales estipulados en el marco normativo han extendido los procesos de evaluación. “Al inicio, los comités eran los decisores de proyectos. Ahora tienen una jefatura y asesorías de transacción”, agrega Lazo.

Los cambios a la ley de APP y la publicación de su reglamento en marzo, junto con la llegada de Quijandría y las críticas al rol de Pro Inversión en concesiones polémicas, como las de Odebrecht o el aeropuerto de Chinchero, implicaban, a su vez, la reorganización de la entidad. “Por perseguir ese afán, Pro Inversión está un poco detenido”, asegura Lazo.

Según la especialista, la promoción de proyectos está ralentizada, los cronogramas de inversión han sufrido varias modificaciones y algunas asesorías técnicas para las transacciones se han retrasado e incluso han sido declaradas desiertas.

Frente a esto, Pro Inversión resalta que los cambios organizacionales estaban supeditados a la publicación del reglamento.

Otra de las aristas que resalta en el marco de la reforma organizacional de Pro Inversión es que muchos de los funcionarios, tanto en las jefaturas de proyectos como en la línea directiva, están solo encargados de sus puestos. Para Gonzalo Prialé, presidente de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), esta situación no debería ser un motivo para detener los procesos de adjudicaciones pendientes.

El nuevo reglamento de APP también cambia la conformación del consejo directivo de Pro Inversión al propugnar la incorporación de dos miembros independientes. La designación de estos permanece pendiente.

AVANCES
Según Pro Inversión, a principios de agosto, el Consejo Directivo aprobó un nuevo cuadro de asignación de personal. Así, se podrá pasar de 8 directores de proyectos a 24 y se apuntará a un promedio de tres a cuatro proyectos por director, aseguran desde Pro Inversión.

Otro avance que resalta la institución es la aprobación de su Reglamento de Organización y Funciones (ROF), que ha creado una Oficina de Integridad y Transparencia, una Subdirección de Asuntos Ambientales y Sociales, una Subdirección de Ejecución Oportuna de la Inversión que se dedicará al destrabe de Asociaciones Público-Privadas (APP) y un equipo itinerante que apoyará las actividades descentralizadas de Pro Inversión.

Desde Pro Inversión resaltan la “limpieza” realizada al portafolio de la institución. Según explican, con la ayuda del Banco Mundial, se identificaron inicialmente 19 proyectos con problemas de enfoque, diseño o dificultades mayores que fueron eliminados de la cartera, y hay otros, más de 20, que están por ser retirados.

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