¿Ser funcionario público?, por José Luis Bonifaz

El 29 de mayo de 1950, se promulgó el Decreto Ley 11377, donde se declaraba el Día del Empleado Público. Me pregunto si, dados los últimos acontecimientos, alguno de ellos ha celebrado esa fecha o más bien se ha preguntado si debe seguir aportando al país desde el Estado o cambiarse al sector privado.

Las frecuentes acusaciones entre el Congreso, el Ejecutivo y la contraloría lo único que hacen es ahuyentar a los actuales funcionarios públicos. El espectáculo es dantesco y el daño que le hacen al país es profundo. Las generaciones de egresados universitarios que en la primera década de este siglo (y todavía ahora) optaban por trabajar en el sector público ya no tienen la misma ilusión de servir a su país. De hecho, la concentración en el sector público que ofrecen varias carreras universitarias había crecido notablemente. Sin embargo, es probable que ese crecimiento se venga abajo ahora.

Peor aún si se enteran del proyecto de ley que quiere eliminar el derecho que los funcionarios públicos tienen de recibir defensa legal cuando son acusados de una irregularidad en el ejercicio de su cargo. Este beneficio solo se aplica si es declarado inocente, pues en caso contrario el funcionario debe comprometerse a reembolsar los gastos. En otras palabras, es un derecho con restricciones.

Y no es que el funcionario público sea corrupto por naturaleza. Lo que pasa es que sus decisiones son frecuentemente discrecionales y, por eso, sujetas a riesgo. Si no hubiera incertidumbre en las decisiones, entonces no tendríamos personas en el Estado, sino robots. Por eso, la contraloría hace bien en iniciar procesos administrativos cuando observa que no se cumplieron los procedimientos estipulados en las normas. Sin embargo, no hace bien en recomendar abrir procesos penales contra funcionarios si no detecta claramente intento de dolo en las acciones o daño evidente al erario público.

Con un sector público donde solo un 42% de los funcionarios públicos tiene educación superior y alrededor del 40% pertenece al régimen laboral CAS, donde casi no existen derechos laborales, ¿cómo se les puede exigir que sean infalibles? Nadie duda de que la corrupción del funcionario público debe ser severamente castigada, pero estos actos deben estar debidamente acreditados.

Es momento de pensar en el futuro. La contraloría debe reforzar el control concurrente, ese que acompaña y aconseja al funcionario público en el momento de la toma de decisiones, pero no lo exime del control posterior. El Congreso debe comprender que la persecución del funcionario público con fines políticos destruye la vocación de las nuevas generaciones de servir al Estado. Por último, las más altas autoridades del Ejecutivo deben dar el ejemplo y defender a sus funcionarios de rango inferior, que son finalmente los que firman los informes y luego son procesados.

Tenemos que atraer personas con ganas de ser funcionarios públicos. Para eso se requiere un sector público competitivo y comprometido con su país. 

Lea más noticias de Economía en...