Gagliuffi reconoce que el Indecopi debe mejorar la coordinación con otros ministerios y entidades supervisoras. (Foto: El Comercio)
Gagliuffi reconoce que el Indecopi debe mejorar la coordinación con otros ministerios y entidades supervisoras. (Foto: El Comercio)
Alejandra Cruz

Ivo Gagliuffi cumplió ayer un año al frente del Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi). En este marco, conversó con El Comercio sobre los avances de su gestión y los objetivos aún pendientes de cumplir en la institución.

— Al asumir el cargo hubo críticas por su carrera en el sector privado. Se decía que sería muy pro empresa. Ahora, curiosamente, algunas empresas señalan que las sanciones del Indecopi son desproporcionadas.
Esa percepción no es válida. El hecho de que haya un presidente del consejo directivo que proviene del sector privado no significa que haya una visión pro empresa o liberal. ¿Qué implica la gestión institucional? Implementar todas las facilidades para que los órganos resolutivos trabajen de manera independiente. [Además] estos resuelven [los casos] en base a una ecuación aprobada a través del lineamiento que establece cuál es la fórmula de cálculo de una multa. Ciertamente, hay gente que va a estar de acuerdo o en desacuerdo con cada sanción que se imponga. Para eso existen los mecanismos de impugnación.

— Es casi un hábito que multa que se impone, multa que se apela.
Exacto, porque las impugnaciones o apelaciones carecen de tasa, por un fallo del Tribunal Constitucional.

— Pero al asumir el cargo dijo que uno de sus objetivos sería acelerar la resolución de conflictos...
Así es. Por ello, hemos buscado que el Libro de Reclamaciones sea una plataforma conciliadora. Además, impulsamos mecanismo de autocomposición, como la creación de defensorías gremiales. Queremos que los gremios asuman el compromiso de solucionar directamente los conflictos con los usuarios de sus empresas asociadas. Un consumidor que va al gremio a solucionar su reclamo es su cliente; un consumidor que viene al Indecopi es su contraparte.

— Eso puede sonar muy bien e incluso funcionar en algunas empresas y sectores, pero implica un cambio cultural. ¿Habrá motivación suficiente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas?
Sin duda. Estamos trabajando en una directiva de ‘compliance’ y autorregulación. Esa directiva se debería estar dictando al final del mes de setiembre. Queremos prepublicarla. Va a haber un registro de autorregulación, van a tener incentivos y podrán seguir cursos para capacitación en la materia.

— El enfoque, entonces, no es acortar los plazos de los procesos, sino también reducir el número de conflictos.
Así es, queremos que la gente nos respete más por el trabajo de prevención y fiscalización que por el de sanción. Así el Estado va a utilizar los recursos que tiene –que son escasos– en investigar casos de impacto colectivo y no individuales.

— ¿Diría que la gente confía más hoy en el Indecopi?
No puedo decir eso, sería arrogante de mi parte. Sin embargo, sí puedo decir que espero que confíen más en nosotros. Después de todo, el Indecopi es una institución con ya 25 años de trabajo y respetada incluso a nivel internacional.

— Pero uno no es profeta en su propia tierra y este año sucedió el caso Pura Vida.
Es cierto. Pero ahí la competencia era de la Dirección General de Salud (Digesa) y, más allá de eso, para nosotros es un reto. Creo que el Perú ha cambiado porque ahora la gente espera mucho más de sus funcionarios públicos que antes.

— O sea, ¿ahora es importante que sea leche, mientras que antes el reclamo era “no tengo para comprar Pura Vida”?
Exactamente. Sube el estándar y la exigencia. Tenemos que estar a la altura. Ese es mi reto.

— ¿Con qué se queda de ese episodio?
Hemos aprendido a ser más preventivos y empáticos con las necesidades de la gente. Nos enfocaremos en los sectores más sensibles. Ya habíamos decidido desde enero poner atención a la canasta básica, pero ahora sabemos que debemos dar prioridad a los artículos de primera necesidad. También nos enfocaremos en transporte (aéreo y terrestre), banca y educación.

— En el caso Pura Vida parecían -por lo menos ante la opinión pública- borrarse un poco los límites de funciones entre Digesa e Indecopi. Y recientemente se detectó que el Senasa exigía a las municipalidades un trámite que ustedes consideraron barrera burocrática...

Así es, Alejandro Falla lo ha detectado y estamos trabajándolo.

— ¿No diría que mejorar la coordinación con otras entidades del Estado también es tarea pendiente?
Tenemos una excelente coordinación con la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y ahora el siguiente reto es coordinar mejor con los demás ministerios y entidades del Estado.

— ¿Con qué estaría contento dentro de un año?
Con que todos los procesos y servicios del Indecopi estén digitalizado al 100%. Los usuarios podrán presentar una denuncia desde la computadora de sus casas. 

— ¿Eso quiere decir que va a eliminar la ventanilla física?
No, para finales del 2018 todos los servicios estarán en línea pero lo que vamos a hacer es incentivar que la gente realice sus procedimientos de forma virtual otorgándoles una casilla electrónica y con diferencias en las tasas. Pero tenemos claro que la penetración de internet en el Perú todavía es muy baja como para hacer algo así. Incluso la digitalización no será de golpe sino progresiva, por paquetes. Empezamos ya con propiedad intelectual, porque son los que mayor demanda tienen en el Indecopi: tenemos 27 mil registros de marca en promedio al año. Y por eso hemos empezado con la Gaceta Industrial recientemente. Después seguiremos con Consumidor y luego todos los demás.

— ¿Y en la línea de acortar y reducir conflictos? 
[También quisiera] que todas las áreas resuelvan sus casos a tiempo, que la autocomposición esté funcionando, que seamos un país con muchas menos barreras y con ahorros significativos.

— ¿Tienen un estimado de a cuánto llegaría ese ahorro ?
No se puede proyectar, porque depende del trabajo de los órganos resolutivos y del sentido de sus decisiones. Sin embargo, centrándonos en el ránking positivo de barreras eliminadas voluntariamente por las instituciones públicas, en el primer semestre del año, hemos calculado de forma preliminar un ahorro potencial de S/34,6 millones hasta julio. Si el ritmo continúa, podríamos obtener una cifra similar para el segundo semestre del año.

— ¿Algún otro tema pendiente?
Queremos seguir siendo un Indecopi con dientes: que fiscalice los casos más importantes y saque adelante casos de libre competencia que generen un impacto en el mercado.

—¿Entonces el próximo año ya estaríamos conociendo los resultados de alguno de esos diez casos de concertación de precios que vienen adelantando por el programa de clemencia?
Yo creo que sí, va a depender un poco de que prosperen los programas de clemencia. Pero esa comisión es muy activa y espero que este año también ya se emitan resoluciones sobre todo en lo que se refiere al mercado de combustibles.

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