Lo que no se debe hacer: el caso del sistema previsional argentino

Por Jose Rutman, consultor internacional independiente en temas financieros.

Cuando una economía ve disminuir el ritmo de su crecimiento, los gobiernos suelen tomar medidas que incentiven el consumo y así recuperar dinamismo. El principal riesgo es la adopción de iniciativas de carácter estructural que tengan impactos negativos en el mediano-largo plazo, tales como la estatización de los fondos de pensiones, como pasó en Argentina.

En 1994 Argentina reformó su sistema previsional de reparto migrando hacia un sistema mixto denominado “Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones”. El trabajador optaba por el régimen de reparto (manejado por el sector público) o el de capitalización individual, gerenciado por las Administradoras de Jubilaciones y Pensiones (AFJP), similar al existente actualmente en el Perú.

Bajo el régimen de capitalización, cada trabajador tenía una cuenta individual (recibía un estado de cuenta trimestral) donde se acreditaban sus aportes, luego de deducida la comisión (30% del aporte) destinada al seguro de vida e invalidez, gastos de administración y utilidades de las AFJP.

El sector público recibía los aportes de los empleadores y de aquellos trabajadores que permanecieron en el sistema de reparto, así como un porcentaje de los impuestos para compensar el desfinanciamiento inicial del sistema de reparto (por la derivación de los aportes a las AFJP y la continuidad en el pago de jubilaciones por parte del régimen público). La opción de los trabajadores por el régimen de capitalización fue mayoritaria (52% en 1994).El régimen tenía espacios de mejora: reducir las comisiones, diversificar las inversiones incrementando las destinadas al sector real (poco más del 50% de los activos eran títulos públicos), aumentar la competencia entre las AFJP (portafolios y comisiones muy similares), incrementar el número de aportantes efectivos (sólo 3,5 de los 9,5 millones de afiliados aportaban regularmente), entre otros.

En 2008, bajo el entendimiento de que los afiliados a las AFJP estaban disconformes, el Gobierno habilitó la posibilidad de los trabajadores a regresar al sistema de reparto. El 80% de los afiliados optó por permanecer en el sistema de capitalización. A pesar de lo anterior, en un contexto de fuerte volatilidad producto de la crisis financiera internacional, en octubre de 2008 se aprobó en tiempo récord una ley para la estatización del régimen (incluyendo el stock de activos acumulados así como del flujo de aportes).
Por la desaparición de las AFJP, se produjo una reducción significativa en el monto negociado de títulos públicos y privados, lo que impactó en la liquidez de los instrumentos y, consecuentemente, en el apetito de los inversores por adquirirlos.

A pesar de que el sector público recuperó los aportes que eran derivados a las AFJP incrementando sus ingresos (a cuenta de mayores gastos futuros), el resultado fiscal se deterioró sistemáticamente como consecuencia de fuertes incrementos en el gasto público (incluyendo la jubilación de personas que no efectuaron sus aportes).

En el 2016, el Gobierno tomó la decisión de comenzar a reducir los ingresos impositivos que se destinaban al régimen de reparto (dado que, en su momento, se justificaban por la pérdida de aportes destinados a las AFJP). Estudios actuariales reflejan que el 2020 el régimen de reparto presentará déficit, y deberá utilizar los activos heredados de las AFJP para hacer frente al pago de sus obligaciones ordinarias. Esto último reflejaría las dificultades que enfrentará para cumplir con sus obligaciones, y la necesidad de volver a apelar a recursos impositivos para su auxilio en vez de atender otras obligaciones del Estado (salud, educación, seguridad, entre otros aspectos sociales).

El principal desafío es no repetir la historia del pasado previsional argentino: no utilizar los aportes actuales en gastos (en lugar de inversiones) que desfinancien e inviabilicen el pago de las futuras jubilaciones, y buscar un sistema que aísle (proteja) los aportes e impida que se terminen aplicando a otros fines.

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