Gravando el sentido común, por Alonso Segura

Fitch Ratings acaba de ratificar la calificación crediticia y perspectiva del país, al igual que Standard & Poor’s hace unas semanas. El Ministerio de Economía y Finanzas condujo una operación de administración de pasivos, la tercera en los últimos dos años, y la sexta emisión de deuda pública en mercados internacionales en dicho período.    

¿Denominador común? La confianza y credibilidad fruto del manejo responsable de las políticas macroeconómicas a lo largo de los años. Aun en un entorno internacional más complejo, el Perú sigue líder en la región en materia económica. 

Esta credibilidad y fortaleza que hereda el gobierno, sumadas al optimismo de inicio de mandato, le dan margen de maniobra para reformas económicas. La pregunta es si las propuestas planteadas son las adecuadas, incluyendo las tributarias. 

—Reformas bajo la lupa—
Se propone una rebaja inicial de un punto del IGV, bajo la premisa de que esto inducirá mayor formalidad. ¿Cuál es la evidencia? La casuística internacional muestra que rebajas de IGV producen pérdida de recaudación. ¿Bajo qué supuestos se espera lo contrario? El costo de errar es de medio punto del PBI (S/3.000 millones). 

Para curarse en salud del forado que esta medida podría generar, se ha propuesto revertir la rebaja progresiva en la tasa del Impuesto a la Renta corporativa aprobada en el 2014, durante mi gestión en el MEF. Esta medida sí generaba incentivos a la inversión y a la reinversión de utilidades, y a través de estas, a la generación de empleo y el impulso a la actividad económica. 

Si bien hay quienes critican esta decisión señalando que es preferible subir gastos a bajar impuestos por su mayor impacto sobre el PBI, lo cierto es que los multiplicadores del Impuesto a la Renta son bastante mayores que los del IGV, que son cercanos a cero. ¿Entonces? En magnitud, la rebaja de un punto del IGV equivaldría a la pérdida de recaudación de casi los cuatro puntos de Impuesto a la Renta planificados hasta el 2019. 

Si el argumento es redistributivo, recordemos que gran parte de la canasta básica está exonerada de IGV. Pero más allá de eso, analicemos la consistencia de las propuestas. La amnistía para el sinceramiento de rentas de fuente extranjera a una tasa de entre 8% y 12% es absolutamente regresiva (favorece a los ricos) y puede generar problemas serios de riesgo moral (mejor esperar la siguiente amnistía que pagar a tiempo). En efecto, tanto los contribuyentes que sí han cumplido sus obligaciones tributarias como cualquier trabajador pagan hasta 30%. ¿Y la equidad, dónde quedó? ¿Adelantando la Navidad?

Otra propuesta discutible es introducir deducciones específicas a rentas del trabajo, la cual ha mutado tanto que ya parece un Frankenstein. ¿Está la Sunat en capacidad de manejar la carga operativa de un sistema de acreditación de comprobantes, así sea vía electrónica? El riesgo es que genere mayor evasión, no menor. 

Además, la deducción actual de 7 UIT está muy por encima de la canasta básica familiar (4 UIT al año). ¿En todo caso, no tendría más sentido rebajar esa deducción general y acreditar la diferencia a las 7 UIT contra solo ciertos gastos, no el cajón de sastre aprobado en el Congreso? Recomendación internacional es bajar el tramo de deducción, no subirlo. Esto incluiría millones de contribuyentes, así sea a una tasa baja (¿5%?), pero sin sacrificar cientos (¿miles?) de millones de recaudación.

Las facultades han sido aprobadas por noventa días. Esperemos que este plazo sirva para afinar propuestas y aprobar solo aquellas que resistan un riguroso análisis. Nada obliga a usar las que no tengan sentido.