Un pacto fiscal más allá del ISC e IR, por Marcel Ramírez

El reciente incremento del ISC y su “evaluación”, las facultades delegadas en materia tributaria y el “retroceso” en el ajuste del Impuesto a la Renta de Personas Naturales, generan una inquietud: ¿hemos aprendido a diseñar políticas públicas efectivas, eficientes y oportunas?

Por ejemplo, las decisiones de los últimos años condujeron a gastos fiscales procíclicos y a una peligrosa caída de la presión tributaria por errores de diseño de la política tributaria y elevado incumplimiento tributario (36% en IGV / 58% en Impuesto a la Renta). Dado el nivel de déficit fiscal actual, es necesario aumentar la recaudación a fin de cubrir mayor gasto permanente.

Esa mayor recaudación debe provenir de mayores ingresos fiscales permanentes y ello exige una ampliación de la base tributaria efectiva, en forma eficiente, equitativa y simple. Cuando ajustamos mínimos no imponibles, creamos impuestos o eliminamos exoneraciones, estamos incrementando la Base Tributaria Potencial (pro equidad), pero en realidad es la Base Tributaria Efectiva la que debemos ampliar y ello obliga a asumir un reto impostergable; comprender las verdaderas causas del incumplimiento tributario.

Así, la magra presión tributaria y el desbordante incumplimiento demuestran que sus causas trascienden al Sector Economía, léase MEF y Sunat, es decir, se debe reconocer que en este momento no se podrá lograr mayor y mejor recaudación sólo con instrumentos tributarios.

El diseño tradicional de políticas públicas es: hermético y vertical, reactivo e impredecible, carente de sensibilización de la población y de evaluación de impacto. Estas características le han restado efectividad y erosionado la confianza de los ciudadanos con sus autoridades.

A fin de plantear cambios y no “retroceder”, el Ejecutivo debe definir claramente sus objetivos y prioridades; a continuación los instrumentos que utilizará para alcanzarlos y especialmente, los compromisos (metas) y consecuencias que asumirá durante su ejecución: sólo recaudar más es un objetivo peligroso, es más “justo” recaudar mejor, es decir, reducir el incumplimiento tributario, hacer el sistema más eficiente, equitativo y simple, mejorar la calidad del gasto público, reducir la desigual distribución del ingreso, combatir la corrupción, sancionar la ineficacia e ineficiencia de las autoridades/servidores y todo esto con una “rendición de cuentas” transparente.

A su vez, tendrá que precisar a los ciudadanos lo que el Estado requiere de ellos para alcanzar dichos objetivos: apoyo en el combate a la evasión e ilegalidad, mejora del cumplimiento tributario voluntario, control social sobre la ejecución de los gastos públicos.

Implementar ajustes aprovechando la “sorpresa” demuestra la desconfianza que impera aún entre Estado y privados y debe erradicarse. Así, en el diseño de políticas públicas, sólo una previa sensibilización logrará que el Estado y ciudadanos compartan el mismo sentido de urgencia y así puedan ser más eficientes y efectivas; segmentando posibles ganadores (aliados) y perdedores.

Recientes encuestas muestran que la ciudadanía valora la “justicia” en materia tributaria. Esta valoración de la “equidad” debe ser canalizada por el Estado para sentar las bases de un Pacto Fiscal que obligue a que Estado y privados lleguen a un mutuo compromiso creíble. Los próximos cambios a introducirse por delegación de facultades deben resultar de un proceso de diálogo/compromiso entre el Estado y el sector privado (sociedad civil, empresas).

Esto generaría ganancias de legitimidad y efectividad en dichos ajustes, necesarios para fortalecer la institucionalidad y gobernanza como medios al desarrollo. El MEF, rector de la política fiscal, debe reconocer que el aumento de la recaudación ha dejado de ser sólo un tema de tasas, deducciones, exoneraciones y sanciones, sino que conlleva un compromiso y pacto creíble del Estado con los ciudadanos, y a su vez de los ciudadanos con el Estado.