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Reforma tributaria: ¿suma o resta?, por Alonso Segura

Colombia también se vio afectada por la caída de precios de materias primas, pero su reforma difiere de la propuesta peruana

Reforma tributaria: ¿suma o resta?, por Alonso Segura

Reforma tributaria: ¿suma o resta?, por Alonso Segura

Colombia, al igual que el Perú, sufrió un impacto severo a raíz del desplome de precios de materias primas: disminución en su tasa de crecimiento y caída significativa de sus ingresos tributarios, entre otros.

A diferencia del Perú, tenía un menor margen de maniobra para política fiscal, pues su deuda pública aumentó de 38% a 50% del PBI entre el 2013 y el 2015. Adicionalmente, este año las tres principales clasificadoras de riesgo modificaron la perspectiva de su calificación crediticia de estable a negativa, señalando la probabilidad de un ‘downgrade’. En respuesta, las autoridades colombianas iniciaron recortes de gasto e inversión públicas que alcanzarían casi 2% del PBI entre el 2015 y el 2017.

Por el lado de los ingresos, convocaron a una comisión de expertos independientes que durante casi un año elaboró una propuesta de reforma tributaria orientada a formular “recomendaciones estructurales de mediano y largo plazo”. La propuesta buscaba elevar la recaudación tributaria, pero también una mayor equidad, simplicidad y eficiencia tributaria, que permitieran impulsar la inversión, el empleo, el crecimiento y la competitividad.

Tomando una parte sustancial de esta propuesta, el Gobierno Colombiano presentó hace unos días una reforma tributaria ambiciosa, cuyo contenido es muy relevante, dado que el Ejecutivo ha recibido facultades legislativas para su propia reforma tributaria.

Algunas de las medidas de la reforma colombiana son, primero, elevar el IGV (llamado IVA) de 16% a 19% el 2017, limitando además las exenciones a dicho impuesto; segundo, simplificar y reducir el impuesto a la renta corporativa y otras sobretasas y colapsarlos en un impuesto a ganancias empresariales, reduciendo la tasa combinada en más de 10 puntos porcentuales (a 32%), para fomentar la inversión.

Tercero, introducir impuestos a los dividendos percibidos por personas naturales a tasas que llegan al 10%. Cuarto, reducir el umbral de declaración de renta de personas naturales incorporando cerca de medio millón de contribuyentes adicionales, limitando, además, las deducciones específicas. Quinto, introducir medidas para combatir la evasión y la elusión, incluyendo fuertes sanciones penales y la adopción de recomendaciones OCDE.

En términos de recaudación, ¿cuál es la proyección de esta reforma? Un incremento de 0,8% del PBI el 2017, gracias al aumento de IGV, alcanzando 2,7% para el 2022. Adicionalmente, se prevé un aumento derivado de mayor crecimiento y formalización que recién registra 0,2% del PBI el 2019 y alcanza 0,6% el 2022. Es importante notar que estos últimos efectos se suponen moderados en magnitud, y recién suman en el mediano plazo.

¿Qué se propone en el Perú? Bajar el IGV, subir la renta corporativa, bajar el impuesto a dividendos y agregar deducciones específicas a la general ya existente. Es decir, lo opuesto. Además, si bien todos estamos de acuerdo con una Sunat que no cometa excesos, tampoco puede percibirse debilitada en una coyuntura de caída de ingresos.

Finalmente, en la propuesta peruana se supone que el efecto ‘formalización’ va a generar todo el incremento de recaudación. En Colombia le atribuyen solo una pequeña fracción, pues la dinámica de la informalidad, y de su reducción, son complejas.

Para rematarla, en Colombia no hay propuestas de ‘IGV justo’, pues mantienen práctica internacional del pago de impuesto bajo base devengado. Ambas reformas, tan opuestas, no pueden estar en lo correcto. Tengamos cuidado con dispararnos al pie.

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