Rey del limón va preso por acaparador, por Alejandro Falla

Detienen a casi 400 personas por acaparamiento. Un operativo militar ejecutado el sábado en un mercado mayorista de alimentos básicos dejó 387 detenidos, acusados de delitos como acaparamiento, informaron las autoridades. Más de un millar de efectivos tomaron el lugar en el marco de un plan contra la escasez lanzado por el presidente, que puso en manos de las Fuerzas Armadas la supervisión de la producción y comercialización de alimentos. “Escuchando y atendiendo las necesidades del pueblo realizamos un operativo especial en el mercado”, escribió en Twitter el gobernador, mientras se llevaba a cabo la acción.  Follow@EconomiaECpe

Esto no sucedió en el Perú. Sucedió en Venezuela, donde no solo se ha detenido a panaderos por “acaparadores” sino incluso se les ha expropiado sus panaderías.

Hay quienes quieren que algo parecido suceda en el Perú. Están a punto de lograrlo si se aprueban las iniciativas que existen en el Congreso para restablecer la sanción penal a la especulación y el acaparamiento que se mantuvo vigente hasta el 2008, fecha en que estos tipos penales fueron eliminados del Código Penal. Alegan –sin probarlo– que esta medida ayudará a resolver los problemas de escasez que se vienen presentando a consecuencia de El Niño costero.

La sanción penal a la especulación y el acaparamiento está íntima y esencialmente asociada a un régimen donde el Estado controla los precios y la distribución de bienes y servicios. En ese contexto, vender a un precio superior al autorizado, obtener una ganancia no autorizada (“lucro excesivo”) o “acaparar” productos para lograr lo anterior debe prohibirse. Como la multa no asusta lo suficiente para lograr el control, nada mejor que la amenaza de cárcel, la clausura del establecimiento o la expulsión del país del empresario si es extranjero. Estas eran las medidas que se aprobaron en los 70 durante el gobierno de Velasco para combatir la especulación y el acaparamiento. Reglas similares tuvieron que soportar los panaderos durante el primer gobierno de Alan García, época en la que se les obligaba a comercializar –a punta de garrote– el Pan Popular a un precio controlado.

La sanción penal a la especulación y el acaparamiento nada tiene que ver con un régimen donde los individuos deciden libremente cómo comportarse en el mercado. Si se quiere aplicar, se requiere que alguien determine cuándo el lucro es indebido y esto es contrario al régimen constitucional.

Pero incluso si se asumiera que los proyectos tienen algún respaldo constitucional, ¿existe alguna evidencia de que metiendo a la cárcel a los “acaparadores” los bienes de primera necesidad van a llegar a quienes los necesitan? Ninguna. Todo lo contrario. Como en Venezuela y el Perú de los 80, todo va a ser más escaso.

Si el limón bajó de precio, no fue gracias a que se metió en la cárcel al rey del limón. Fue gracias a que el mercado funcionó y el Ejecutivo hizo lo que tenía que hacer. Priorizar el uso de las vías para el transporte de carga o habilitar el transporte de carga por vía marítima parece más inteligente y efectivo que meter a la cárcel al vendedor de limones.

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