(Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)
(Anthony Niño de Guzmán / El Comercio)
Redacción EC

El inicio de obras para la ampliación del , que incluyen la construcción de una segunda pista de aterrizaje y una terminal de pasajeros, no se realizarán en este segundo semestre como se tenía previsto. Y con ello, ya son 13 los años que lleva de retraso.

Según informa Gestión, la razón de esta demora es que el Ministerio de transportes y Comunicaciones () presentó un recurso de apelación a un fallo judicial que le ordena realizar una de dos terrenos en el área, que son considerados por la cartera como propiedad de ellos, pero sobre los cuales una familia reclama ser la dueña.

Los terrenos en litigio comprenden áreas de 60.000 y 216.000 metros cuadrados y están ubicados en parte del área donde ya se concluyeron las obras del túnel por donde discurre la avenida Néstor Gambetta, y sobre el cual se ubicará la futura segunda pista de aterrizaje.

El MTC ya consideraba esos predios de su propiedad, ya que, según comentaron, les fueron cedidos (donación) al Estado por su propietario, José Valle, e inscritos a nombre del MTC.

Sin embargo, Enrique Ghersi, representante legal de los herederos del propietario original (ya fallecido), explicó que si bien el señor Valle ofreció ceder el terreno, el hecho nunca se concretó, pues tuvo que haberse realizado una escritura pública que consigne la donación, donde además tenía que haber intervenido el Estado, lo cual nunca se produjo.

De concretarse la expropiación, Ghersi agregó que en ese proceso se debería realizar el pago del justiprecio a los herederos del señor Valle, aunque evitó mencionar el valor que el Estado tendría que pagar a la mencionada familia, pues ello se definirá en el mismo proceso.

Sin embargo, otras fuentes estimaron que ese proceso podría costarle al Estado cerca de S/300 millones. En tanto, el período para resolver la apelación que planteó el MTC podría ser de un año y medio.

Por su parte, el concesionario  señaló que coordina con el MTC para que pueda levantar la medida judicial, ya que la disposición de los terrenos en cuestión tiene un impacto directo en la ejecución de la segunda pista.

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