Bono Mi Alquiler: Subsidios del proyecto no estarían dirigidos a los más vulnerables

Con casi tres meses de retraso en la presentación del proyecto de subsidios de alquileres para jóvenes que viene elaborando el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), la iniciativa –conocida como Renta Joven– ya sufrió dos cambios clave: el público al que se dirigía y, en consecuencia, el nombre original.

El proyecto, ahora llamado Bono Mi Alquiler, ya no estará dirigido únicamente a parejas de jóvenes de escasos recursos menores de 30 años, sino que amplió su universo de cobertura a grupos de personas entre 18 y 40 años, según declaraciones del titular del MVCS, Javier Piqué.

La decisión de subsidiar o no alguna actividad ya de por sí es compleja. La elección de orientarlo a un sector poblacional con el 30% de sus alquileres mensuales de viviendas por un periodo de cinco años despierta adicionalmente interrogantes sobre los motivos para hacerlo por encima de otros, tales como familias en extrema pobreza, adultos de la tercera edad o madres solteras de 40 años o más.

“Si alguien va a poner restricciones para dirigir los recursos, debería empezar por las personas más vulnerables que no pueden tener un trabajo, por ejemplo, madres solteras de condición económica baja y los niños de estas familias”, afirma David Ramos, ex viceministro de Vivienda.

De hecho, según la información más reciente del INEI, la pobreza en el 2017 afectó en mayor proporción a niños y adolescentes, principalmente del área rural: más del 50% son pobres (Cajamarca, de hecho, es a la vez el departamento con más pobreza y menos títulos de propiedad de viviendas del país). En áreas urbanas, la tasa entre niños menores de 5 años es de 24,5%.

BOLA DE CRISTAL ROTA

El objetivo principal del Bono Mi Alquiler, tal como fue planteado originalmente, es que al cabo de cinco años, el grupo de personas beneficiadas con el subsidio habrá ahorrado lo suficiente como para cubrir la primera cuota de una vivienda y, voluntariamente, realizar esa compra.

Que se cumpla esta meta, sin embargo, es imposible de garantizar, y esto lo afirmó en reiteradas ocasiones a este Diario incluso el propio creador del proyecto, el congresista Carlos Bruce.

“No podemos asegurar esto, de la misma forma en que no podemos asegurar que un joven que recibe educación gratuita la va a aprovechar. Lo fundamental es que el Estado cree una oportunidad”, detalló.

En este sentido, otra interrogante es acerca del rol del Estado en el sector de viviendas. Para el economista Elmer Cuba, este radica en subsidiar a aquellas personas que marcadamente no pueden acceder viviendas de calidad, “no a abogados de 39 años con estudios, por ejemplo”.

“No veo subsidio al mundo urbano, menos a gente que puede alquilar. La mayoría de peruanos vive hacinados con su familia, es decir, más de un hogar nuclear en una casa. El que puede estar afuera es el de más ingresos”, explica.

En caso de querer garantizar la meta de los cinco años, Cuba plantea la idea de crear un fideicomiso donde colocar los ahorros. En 5 años, el dinero se utilizaría para una vivienda, obligatoriamente. “Si se asegura el funcionamiento, habría que pensarlo igual dos veces, pero si no, ni hablar”, señala Cuba.

Según afirmó el MVCS a El Comercio, se está trabajando en los candados para asegurar el adecuado uso de los recursos.

Si bien el proyecto se encuentra en etapa de asesoría legal, llama la atención la elección del grupo poblacional objetivo y la confianza absoluta del gobierno en las decisiones financieras del mismo para dentro de 5 años, dos factores sobre los que deberá decidir para la aplicación de los siempre debatibles subsidios.