Hoy reconocerán a nuevo jefe de Comando Conjunto de FF.AA.
Hoy reconocerán a nuevo jefe de Comando Conjunto de FF.AA.
Redacción EC

Con ocho votos a favor, dos en contra y una abstención, la  se negó a escuchar la nueva propuesta del gobierno sobre las remuneraciones para pensionistas de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) y de la Policía Nacional del Perú (PNP), e insistirá con la ley observada por el Ejecutivo, que dispone que las pensiones de los militares y policías jubilados antes de diciembre del 2012.

Con la ley, aprobada en el Parlamento en mayo pasado, se propuso reordenar las pensiones de dichos sectores, con la finalidad de nivelarlos y terminar con las brechas salariales. Esto a raíz de los problemas generados por los decretos legislativos 1132 y 1133, emitidos durante el gobierno de Ollanta Humala, con los cuales se determinó que a los militares y policías que pasaban al retiro se les asignaba una pensión bajo el régimen de una Remuneración Consolidada. En tanto, los pensionistas que se habían retirado antes de diciembre del 2012 mencionado cobrarían lo de siempre.

No obstante, desde el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) alertó que la norma aprobada por el Congreso es inconstitucional y, además, generaría un costo anual de S/1.107,3 millones (0,2% del PBI del 2017) y un costo actuarial de S/17.743,5 millones (2,5% del PBI del 2017).

El MEF estimó que al 2021 se acumularía un déficit adicional de hasta 0,8% del PBI, afectando así la trayectoria fiscal. 

Durante el debate, el congresista Edwin Donayre señaló que el proyecto de bonos extraordinarios del Ejecutivo—que planteó aumentar progresivamente, en cuatro etapas, las pensiones de los policías y militares, hasta llegar a S/ 274.7 millones anuales en el 2020— debía ser archivado. "No se puede aceptar; está demasiado lejos [de lo que las FF.AA. Y la PNP desean]. Se busca satisfacer al 100% a las personas que sufren la inequidad. El proyecto es solo en beneficio del 30%", precisó.

Los congresistas del oficialismo, Gino Costa y Guido Lombardi (los únicos que votaron en contra del dictamen), rechazaron la posición de la comisión y expresaron su malestar al no poder debatir el miércoles la nueva propuesta del gobierno, como ellos planteaban.

El presidente del grupo de trabajo, Javier Velásquez Quesquén (Apra), dijo haberse comunicado directamente con el Premier Zavala, quien le habría pedido que se deje el dictamen para poder analizar los nuevos planteamientos.

El congresista Costa, por su parte, mencionó que el gobierno podría apelar al Tribunal Constitucional para dejar sin efecto la propuesta parlamentaria de aprobarse, pues el Congreso no tiene iniciativa de gasto.

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