Los desacuerdos en torno a los contratos firmados con el Estado son la principal razón por la cual las empresas peruanas acuden a un estudio penal en busca de asesoría, reveló Daniel Linares, socio del Estudio Linares Abogados.

Dos décadas atrás, precisó, los mayores motivos para visitar a un experto penalista eran la falta de liquidez y los procesos de quiebra ante Indecopi. Ahora, añade, los problemas en licitaciones petroleras, mineras o de infraestructura son las que generan el grueso de las demandas.

“La mayoría de conflictos entre empresas se resuelven en arbitrajes o por medio de la negociación. Son los problemas con el Estado los que llegan a juicio. Pero no todos los que nos buscan tienen solución: de cada 10 casos que nos llegan, solo cinco son viables”, aseguró.

PROBLEMAS TRIBUTARIOS Las desavenencias con la Sunat también destacan entre los problemas jurídicos corporativos, agregó Linares. Como ejemplos de estos casos están “las dos recientes sentencias ilegales en las que se cobra un tributo en forma retroactiva. Eso es en un delito penal de administración pública contra las empresas”, explicó Javier Aguilar, de Aguirre Abogados.

PROBLEMAS PROVINCIALES Del total de casos atendidos por los estudios penales locales, al menos el 15% son resueltos en provincias.

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