Iniciativa plantea que clientes deberán acreditar consumo mínimo en bienes y servicios para no pagar por estacionamientos. (Foto: El Comercio)
Iniciativa plantea que clientes deberán acreditar consumo mínimo en bienes y servicios para no pagar por estacionamientos. (Foto: El Comercio)
Redacción EC

Con 59 votos a favor, 1 en contra y 0 abstenciones, la ley que regula los fue aprobada ayer -en segunda votación- por el . Sin embargo, horas más tarde, el congresista Elías Rodríguez, miembro del partido aprista, presentó ante la presidencia una iniciativa para que se reconsidere la votación.

"Por medio de la presente, solicita reconsideración de la segunda votación del Dictamen del Proyecto de ley 289, que propone modificar la ley 29461, Ley que regula el servicio de estacionamiento vehicular, estableciendo el cobro por el servicio brindado efectivamente, realizada el día de hoy", se detalla en el pedido.

Al respecto, el congresista Juan Carlos Gónzales (Fuerza Popular), y autor del proyecto de ley 289, afirmó que se trata de una ley que parte de un trabajo realizado durante más de dos años en los que se llegó finalmente a un consenso.

"Es una ley que favorece a los consumidores, por ende es lo correcto aprobarla", detalló a El Comercio

De acuerdo al recurso presentado, en la próxima sesión del Pleno (jueves de la siguiente semana) deberá ser debatido si es que la votación será reconsiderada. 

Entre las principales modificaciones, el proyecto obliga a que el cobro de estacionamiento sea por minuto y ya no por hora o fracción, como es actualmente. La ley señala, además, que los estacionamientos en centros comerciales deberán fijar un consumo mínimo. Si el usuario no lo supera, no pagará por el servicio. Se rectifica, además, la prohibición para colocar carteles que deslinden responsabilidad del titular del establecimiento para con sus usuarios.

Al respecto, el director ejecutivo del Instituto de Economía y Desarrollo Empresarial de la Cámara de Comercio de Lima, César Peñaranda, opinó que se trata de una ley que termina por distorsionar el mercado, esto al obligar a las empresas a decidir cómo deben cobrar sus servicios. 

"La Constitución que el sistema que ha elegido para el Perú se basa en una economía social de mercado, eso significa que se tiene la libertad de acciones de los agentes económicos: empresarios y consumidores. Corresponde a las empresas decidir cómo van a cobrar el servicio o producto, y a los consumidores de quién lo van a adquirir", observó.

Agregó, además, que la medida se está dando en un mercado donde existe la competencia (no hay monopolio), incluso de empresas informales. 

"Si empezamos a tomar decisiones por las empresas -hay otros casos recientes que han estado lamentablemente dando- empezamos a distorsionar unos de los elementos clave de la Constitución. Considero que este es un elemento más de intervención de mercado, el cual debería fijarse por oferta y demanda", concluyó. 

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