Odebrecht: 169 proveedores de 450 en quiebra por el D.U.003

En tan solo dos días vence el plazo de vigencia del Decreto de Urgencia (D.U.) 003, que ha recibido más de una crítica de parte de diversos grupos políticos y empresariales por los resultados inconclusos y consecuencias económicas que ha ocasionado. Entre ellas destaca la quiebra de 169 empresas proveedoras de Odebrecht, perjudicando a aproximadamente 60 mil trabajadores, según informó el presidente de la Asociación de Proveedores de Odebrecht, Hugo Alache.

"El resultado del D.U. 003 fue la quiebra de 169 empresas de un total 450. Si en diciembre eran 147, a marzo de este año, el 80% ya estarán quebradas. Desde diciembre del 2016, más de 60 mil trabajadores se encuentran impagos", sostuvo Alache.

Alache afirmó que apenas entró en vigencia el D.U., las cadenas de pago con los proveedores se rompieron y estos empezaron a poner dinero de sus arcas, hecho que no fue tomado en cuenta por la Sunat, por más que estuvieran al tanto de la situación.

"Hemos tenido reuniones, hemos llamado y hemos enviado documentos tanto a la Sunat y al Ministerio de Economía y Finanzas como a la Presidencia del Consejo de Ministros. El Estado no va a quebrar inmediatamente si no le pagan la reparación civil que exige y que Odebrecht ya avisó que no pagará. Nosotros sí. En marzo el 80% de las empresas de esta asociación va a estar en la quiebra", advirtió el empresario.

CONTEXTO DE RECLAMOS

Hoy inidicó el debate en la Comisión de Economía y Justicia del Congreso, en el que el MEF espera llegar a un dictamen para ser debatido por la Comisión Permanente.

Para Nagib Hamideh, representante de la Asociación, sin embargo, la nueva propuesta del Ejecutivo no ayudará en absoluto a mejorar esta situación. 

"Esta propuesta pone como prioritario la reparación civil al Estado y no al pago de proveedores. Parece que estuviera hecha por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco). Además, la Sunat nos está ahogando: teniendo el dinero que sabe que nos corresponde, nos lo exige igual", argumentó Hamideh.

Alache agregó que el monto que se le debe a las empresas que forman parte de esta asociación (450), es de S/80 millones, sin embargo, "hay muchas empresas que no la integran actualmente, por lo que el número debe ser mayor", afirmó.

"Esta crisis con Odebrecht está en otros 13 países, sin embargo, el Perú es el único que ha paralizado su economía", sostuvo Alache.

CAMBIOS O HUELGA

A manera de solución, el presidente de la Asociación pidió que se tome en cuenta los artículos 6.3 y 6.2 de un proyecto del Legislativo, donde se da prioridad a los trabajadores y al pago de seguro social y la Sunat.

“Todo este proyecto está simplemente contra Odebrecht, y al estar contra Odebrecht está contra los proveedores, quienes somos los únicos quebrados. Odebrecht quiere pagar, pero el Estado no lo deja”, señaló.

Además, sobre la propuesta que las empresas condenadas o que han confesado deberán retener el 50% de sus utilidades al Fideicomiso de Reparación Civil, Hamideh pidió que este porcentaje se reduzca al 30% y el resto debe ser para el pago de proveedores, trabajadores, seguridad social y la Sunat.

El representante señaló, además, que el monto dado por el Procurador Público de S/3.400 millones para la reparación civil, es una cantidad que no tiene sustento, "como lo ha dicho el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski".

Alache sostuvo que el proyecto de ley del Ejecutivo ha eliminado ese punto y que este tema puntual lo planteó vía telefónicas funcionarios del Viceministerio de Economía del MEF.

Como última medida, Alache comentó que esta semana se estará evaluando con los miembros de la Asociación la toma de las calles a manera de protesta. 

"Ya agotamos todos los recursos legales durante más de un año. Vamos a evaluar esta semana si saldremos con toda nuestra maquinaria a las calles", concluyó.

REACCIONES POLÍTICAS

La ministra de Economía y Finanzas, Claudia Cooper, sostuvo hoy que el proyecto de ley, que reemplazaría al Decreto de Urgencia 003, asegura el pago a los trabajadores y proveedores de las empresas condenadas o que hayan confesado actos de corrupción.

“En el fideicomiso, en el caso de las empresas condenadas o que han confesado, lo primero que tenemos es una retención del 50% del precio de venta neto, que es lo que más se aproxima a la utilidad. Con esto estamos asegurando el pago a los proveedores, trabajadores y otras deudas”, dijo.

Cooper explicó que el precio de venta es básicamente el valor de la empresa menos las deudas que están asignadas al proyecto involucrado.

SUNAT AL FINAL

“Por otro lado, para las empresas condenadas o que han confesado, la deuda tributaria se cobra contra el fideicomiso, acá lo que no queremos es que la Sunat termine embargando proyectos que los haga inviables, pues si eso termina ocurriendo, el proveedor no cobra y el trabajador tampoco”, explicó.

“La idea es que la Sunat se cobre, pero que lo haga al final del proceso, mientras tanto guardamos el dinero para eso de manera predecible”, añadió.

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