Preocupa posible cambio a la ley de expropiaciones

El Ejecutivo y AFIN critican proyecto de Fuerza Popular para modificar norma que aceleraba la obtención de predios para obras

Preocupa posible cambio a la ley de expropiaciones

El difícil acceso a los terrenos para la ejecución de las obras podría retrasar proyectos de infraestructura. (Foto: Archivo El Comercio)

Un proyecto de ley de la congresista de Fuerza Popular Úrsula Letona ha encendido la alarma en el Ejecutivo y en el sector infraestructura. 

 

La iniciativa busca modificar la normativa emitida en los últimos dos años para agilizar la obtención de predios para la ejecución de proyectos. Según la exposición de motivos del proyecto de ley, la norma base –el decreto legislativo 1192, promulgado en el 2015– tendría “vicios de inconstitucionalidad” y vulnera derechos de los habitantes de los predios.

ARBITRAJE Y CONCILIACIÓN
“La propuesta de ley va en contra de la predictibilidad que se pretende dar a uno de los principales problemas que afrontan los proyectos de APP. Va a encarecer los proyectos y hace inciertos los procesos”, afirmaron a este Diario fuentes del Ejecutivo. 

Según la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN), uno de los problemas con el proyecto es que introduce, en la etapa del trato directo, la figura del arbitraje para la determinación del valor del bien a expropiar,  previo a la toma de posesión del inmueble. 

“Esto retrasará la ejecución de las expropiaciones y constituiría un retroceso de la normativa vigente, que fue diseñada con el objeto de destrabar la ejecución de los proyectos de infraestructura, y minimizar las adendas que se derivan de los retrasos en las expropiaciones”, explicó Gonzalo Prialé, presidente del gremio.

El proyecto establece que el sujeto pasivo –quien perderá el predio– podrá solicitar el inicio de un proceso de conciliación previo al arbitraje en caso no esté de acuerdo con el monto ofrecido por el terreno. Esta conciliación tendrá un plazo máximo de 30 días y su finalidad únicamente será determinar el valor que se pagará por el predio. 

“Esta etapa sí es un paso adicional optativo antes de ir al arbitraje pero es una oportunidad para, justamente, evitar tener que acudir a él, que antes no estaba prevista. Con la ley vigente el sujeto pasivo solo podía aceptar o rechazar la propuesta, pero no podía negociar y se debía ir a arbitraje”, explicó Milagros Maraví, socia del estudio Rubio, Leguía, Normand y miembro del equipo de plan de gobierno del fujimorismo en las elecciones presidenciales del 2011. 

Pero, desde el Ejecutivo se señala que las etapas adicionales de conciliación y arbitraje harán “interminable” el proceso expropiatorio “al supeditarlo a la decisión de un árbitro”.
El proyecto de ley también señala que si el sujeto pasivo cobra el monto ofrecido por el predio, esto no significará que la persona ha consentido el monto, por lo que podrá discutirlo posteriormente.

PAGO
Otra modificación propuesta es condicionar la inscripción registral de la transferencia de propiedad al cobro efectivo por parte del sujeto pasivo del monto consignado por el sujeto activo. Para Maraví, este cambio es una equivocación “muy grave”.

“Debería bastar la consignación del monto de la tasación y no el cobro efectivo, pues su omisión puede afectar el saneamiento de los predios, aunque el Estado haya puesto a disposición el monto a pagar”, opinó Maraví.

Lo anterior se suma al hecho de que también la ejecución coactiva –es decir, tomar por la fuerza el predio– solo podrá hacerse luego del pago. “El propietario del terreno puede impedir la toma de posesión indefinidamente al no cobrar lo consignado y frustrar así el objetivo de la expropiación”, comentó Maraví.

AFIN advirtió que la aprobación del proyecto podría retrasar la reconstrucción de las obras afectadas y destruidas por El Niño costero.

REGULACIÓN DE EXPROPIACIONES
- En agosto del 2015, el gobierno de Ollanta Humala modificó la regulación de expropiaciones con el objetivo de hacer este proceso más expeditivo.
- En enero del 2017, el Gobierno emitió una norma para simplificar el acceso a los predios para proyectos de inversión priorizados. 
- El gobierno actual y AFIN  opinan que la aprobación del proyecto de ley retrasaría proyectos de inversión; por ejemplo, los procesos de expropiación del proyecto de irrigación Majes Siguas II y de Chavimochic.

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