CHAVÍN DE HUÁNTAR
Juez anticorrupción lo procesaría por ejecución de tres terroristas en la embajada del Japón
El magistrado Jorge Barreto Herrera, encargado del Tercer Juzgado Anticorrupción, habría abierto proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori por el caso de la ejecución extrajudicial de tres terroristas del Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA) en la residencia del embajador japonés en 1997.
Trascendió que el juez anticorrupción procesaría a Fujimori por violación de derechos humanos en agravio de los siguientes terroristas: Eduardo Cruz Sánchez 'Tito', Luz Meléndez Cueva y Víctor Peceros Pedraza. Sin embargo, la abogada Gloria Cano, de Aprodeh, afirmó ayer que el magistrado todavía no les ha notificado la resolución por la cual abre proceso contra el ex mandatario.
También dijo que difícilmente el juez Barreto habría abierto investigación a Fujimori por otro delito que no tenga que ver con la ejecución extrajudicial de los emerretistas que tomaron la embajada de Japón en el Perú en diciembre de 1996.
Esto debido a que el delito contra la administración de justicia, en la modalidad de ocultamiento de pruebas, ya habría prescrito, tal como ocurrió con el ex director general de la Policía Fernando Dianderas y con los ex funcionarios del Hospital Central de la PNP. Estos últimos fueron acusados de ocultar las pruebas de las presuntas ejecuciones.
¿PRESCRIBIÓ O NO?
"Habría que esperar la notificación del juez Barreto sobre este caso para confirmar o no si es que ha declarado prescrito el delito (antes mencionado)", dijo Cano al ser consultada por este Diario. La denuncia penal contra Fujimori llegó a los juzgados anticorrupción luego de que el fiscal especial Álex Díaz denunciara al ex gobernante hace algunas semanas.
Cabe indicar que actualmente se viene realizando un juicio oral contra los presuntos asesinos de los subversivos del MRTA. En este proceso están comprendidos el ex asesor presidencial Vladimiro Montesinos y el coronel EP (r) Roberto Huamán Azcurra, quienes son acusados por su participación en la ejecución extrajudicial de los sediciosos.