Metas ambiciosas para el agro

Por Eduardo Zegarra M. (*)Economista

En su discurso del 28 de julio pasado el presidente Alan García planteó la reducción de la pobreza de 50% a 30% para el año 2011. La mayor sorpresa fue la meta de reducir la pobreza rural de 70% a 45%. Esto equivale a una reducción anual de 5 puntos en la pobreza rural, en un país que durante la última década no ha podido bajarla prácticamente en nada (¡estaba en 72% en 1997!).

En este contexto, el ministro de Agricultura, Ismael Benavides, ha presentado un conjunto de metas sectoriales que intentan sintonizar con las ambiciosas metas presidenciales de reducción sin precedentes en la pobreza rural. Se han planteado aumentos considerables en la producción agraria (7% anual), en las agroexportaciones (duplicarlas) y en ampliación de tierra irrigada en costa y sierra (aunque se olvidó de la agricultura de la selva). Además, se ha anunciado un fondo de desarrollo rural para la sierra de US$1.000 millones, el cual no se sabe cómo operaría sin chocar con el programa Sierra Exportadora.

Plantear metas está bien, pero igual de importante es explicarle al país cómo se piensa lograrlas, especialmente cuando se es tan ambicioso. Mirando las cifras de Cepal, por ejemplo, vemos que Chile solo ha logrado reducir la pobreza rural en menos de un punto anual, pese a largos años de crecimiento, mientras que Colombia en 1.8, con una reducción que no pasa de los 2 puntos anuales para ninguno de los países. ¿Cómo así ahora el Perú logrará reducir la pobreza rural en 5 puntos anuales?

En un estudio reciente (Zegarra, Eduardo y Verónica Minaya, 2007. "Gasto público, productividad e ingresos agrarios en el Perú: avances de investigación y resultados empíricos propios". Capítulo en libro de Grade: "Investigación, Políticas y Desarrollo") encontramos que ha sido bastante difícil reducir la pobreza rural en la región latinoamericana meramente aumentando el gasto estatal. Lo más importante para la reducción de la pobreza es tener un sector público eficaz que oriente el gasto hacia bienes y servicios públicos como la titulación, la sanidad agropecuaria, la investigación y la información agraria. Sin embargo, a la fecha el Ministerio de Agricultura ha sido ineficaz para reorganizarse y tener una estructura funcional mejor integrada y descentralizada, que ofrezca una plataforma única de bienes públicos básicos como los mencionados. Igualmente, en lugar de afianzar sus funciones más importantes, el Gobierno sacó el programa de titulación rural del sector agrario para pasarlo al urbano Ministerio de Vivienda y Construcción.

La reducción de la pobreza rural en la magnitud que ha propuesto el presidente es una tarea de enorme envergadura que requiere cambios fundamentales en la actual política económica y agraria. La población rural peruana enfrenta dificultades enormes para articularse al crecimiento económico que solo viene generando impactos en algunas ciudades y polos agroexportadores de la costa. El campo peruano ha seguido subsidiando el crecimiento de las ciudades con alimentos baratos e insumos cada vez más caros.

El crecimiento económico ha tendido a fortalecer un patrón de inversión centralista y costeño, y ningún Gobierno ha podido (o querido) implementar políticas efectivas de redistribución territorial o sectorial en favor de los sectores rurales o agrarios. De lo escuchado hasta ahora parece que este segundo gobierno de Alan García no será la excepción. Ojalá que se le explique al país las estrategias concretas que el Gobierno piensa usar para lograr tan revolucionaria (y urgente) reducción de la pobreza rural como la prometida por el presidente .

* GRUPO DE ANÁLISIS PARA EL DESARROLLO (GRADE).