Control de insumos da primeros resultados

Unidad de investigación

La Policía Nacional del Perú y el Ministerio Público realizan investigaciones para frenar la producción, comercialización y distribución de insumos químicos.

Dentro de esta campaña, el 23 de marzo pasado, personal de la División de Investigación de Insumos Químicos y Productos Fiscalizados (IQPF) de la Dicig-Dirandro detuvo un vehículo de la empresa Transportes Príncipe Azul SRL cargado con cinco toneladas de óxido de calcio (uno de los ingredientes básicos para elaborar cocaína). Tras la intervención, se comprobó que este material se transportaba incumpliendo los requisitos de ley, por lo que se decomisó.

Acto seguido, la Dirandro, junto con el titular de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Cajamarca, José Luis Castillo, decomisó 125 toneladas de óxido de calcio pertenecientes a las empresas La Unión, Calcáreos e Inversiones Amazonas, entre otras.

Asimismo, en el almacén de la empresa minera aurífera Comarsa se retuvo otras cinco toneladas del mismo material, en poder de Fortucal SRL, empresa que, de acuerdo con la PNP, no contaba con la documentación pertinente.

La operación, de rutina, se convertiría al cabo en la punta de la madeja de una ardua investigación de resultados impredecibles.

Las pesquisas determinan hoy que Calcáreos Amazonas no pudo sustentar un faltante de 175 toneladas de insumos químicos, ni el uso lícito de su destino. Algo similar ocurrió con la empresa La Unión, que a pesar de no contar con autorización para trabajar con IQPF, comercializaba óxido de calcio con Fortucal SRL, la cual vendía a minera Comarsa sin contar con la autorización respectiva. A Fortucal le han decomisado 30 toneladas del mencionado insumo hallado en sus almacenes. A raíz de esta intervención, la Dirandro obtuvo información sobre la existencia de otro molino y horno productor de óxido de calcio, que, de acuerdo con el atestado policial en poder del diario El Comercio, sería de Fortunato Sánchez Sánchez, dueño de la empresa Fortucal.

Dado que esta empresa le vendía químicos a Comarsa, se intervino esta última compañía. La auditoría efectuada arrojó resultados sorprendentes. Cruzada la información de los registros especiales de ingreso y uso de IQPF, las declaraciones juradas remitidas mensualmente a la Oficina Regional del Ministerio de Producción-Trujillo, la revisión del acervo documentario de la minera y la verificación del stock físico realizada en la fecha de la intervención policial, la Dirandro reveló que se ha establecido que existen faltantes considerables y sobrantes de IQPF, lo que evidencia una clara adulteración del contenido de la información en el certificado de usuario, registros especiales y documentación presentada, conforme al siguiente detalle:

Faltantes: óxido de calcio, 286 t; ácido clorhídrico, 3,8 t; hipoclorito de sodio, 1,6 t; cloruro de amonio, un litro; ácido clorhídrico 150 kl; sobrantes que no existen en el stock físico verificado: ácido nítrico, 136 kl .

El atestado concluye que los directores Santos Orlando y Manuel Sánchez Paredes y la administradora y apoderada Amanda Sánchez Paredes de la empresa Comarsa, así como una larga relación de sus funcionarios, junto con Javier Montenegro, representante legal de la empresa La Unión; César Humberto Muñoz Ríos, representante legal de la Empresa Calcáreos Amazonas; Fortunato Sánchez Sánchez, representante legal de la empresa Fortucal, estarían "involucrados en el presunto delito contra la salud, tráfico ilícito de droga (TID), tenencia ilegal y desvío de insumos químicos y productos fiscalizados con fines de comercialización para actos ilícitos hacia el TID tipificados en los artículos 296 y 297 del Código Penal en agravio del Estado Peruano". También se les acusa de ser autores del delito contra la paz pública, asociación ilícita para delinquir en su forma agravada y de "formar parte de una organización de dos o más personas destinadas a cometer delitos" para ocultar otro delito en agravio del Estado Peruano, hecho ocurrido en la ciudad de Cajamarca y Trujillo, conforme se desprende del contenido del presente documento, así como de otros.

Además, la Dirandro ha solicitado a la División de Investigaciones Financieras que examine los libros y cuentas de las empresas y de los involucrados.