Presidente de la Corte Suprema dice que defenderá el fuero con Ley 28821. CNM pide que la evaluación de los magistrados sea cada tres años
Por Jorge Saldaña Ramírez
Si hay buenos recursos, habrá reforma. Así lo entiende el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Francisco Távara, quien ayer reveló que solicitará un presupuesto institucional de 1.180 millones de soles para el ejercicio fiscal del 2008 y que con gran parte de esos recursos se financiará la reclamada modernización de ese poder del Estado.
Para ello --dijo Távara-- se usará la Ley 28821 de Coordinación Judicial, que por primera vez entrará en vigencia luego de que el Tribunal Constitucional resolviera que el Poder Judicial sí cuenta con la autonomía para elaborar y presentar su presupuesto anual al considerar que tiene el amparo del artículo 145 de la actual Carta Política.
En diálogo con El Comercio, el titular del Poder Judicial explicó que con esos 1.180 millones de soles se impulsará con más rapidez los cambios que todos esperan en el poder jurisdiccional. Así, se crearán 85 nuevos órganos jurisdiccionales, se fortalecerán 14 salas superiores, 66 juzgados especializados y 10 juzgados de paz letrados y se construirán nuevas sedes judiciales en Tumbes, La Libertad, Lambayeque, además de que se capacitarán integralmente a magistrados y abogados para implementar el Código Procesal Penal, entre otras medidas del plan 2008-2017 para modernizar el aparato judicial.
"Nuestra preocupación es el destinatario final del servicio de justicia: el pueblo. Felizmente los indicadores macroeconómicos están en azul y vamos a defender lo que dice la Ley 28821 como parte de un diálogo democrático. Si nos dan esa suma será un gran compromiso para nosotros, porque daremos resultados tangibles. Por lo pronto, los juicios serán resueltos con mayor celeridad", indicó.
El Comercio también conversó con el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), Maximiliano Cárdenas, para conocer su punto de vista de cara a la reforma judicial. Él aseveró que el Congreso debe mantener la plena vigencia de este órgano de rango constitucional que en forma independiente e imparcial se encarga de nombrar, evaluar y sancionar a los magistrados.
"Vemos con expectativa que se configure un control disciplinario mixto tanto externo como interno, y para ello es necesario que el CNM tenga facultades para señalar desde sanciones menores hasta la más grave, que es la destitución de magistrados de todas las instancias", indicó.
Cárdenas también propuso que otra medida innovadora para cambiar la administración de justicia y que implicará un cambio constitucional es aquella referida a consagrar que la evaluación de jueces y fiscales ya no sea cada siete años --como actualmente fija la Carta Magna-- sino cada tres años. "Así, la evaluación de la calidad del desempeño del magistrado a cargo del Consejo Nacional de la Magistratura sería continua y no periódica, basada en indicadores objetivos. Se trata de una medida que fortalecerá la capacidad del magistrado y permitirá la mejora de la administración de justicia tanto del Poder Judicial como del Ministerio Público", aseveró.
Recordó que estos dos temas ya fueron vistos durante el primer año legislativo 2006-2007, pero que no fueron aprobados, y expresó su confianza de que en esta nueva legislatura dichas propuestas sean rescatadas, profundizadas y mejoradas con el basamento técnico que ameritan.
AL GRANO. Entrevista a Javier Velásquez Quesquén, Congresista PAP
4 ¿Cuál será la agenda de la Comisión de Constitución del Congreso en caso de que usted asuma su presidencia?
El tema de la reforma constitucional es muy importante. Hay un sector del Congreso (la bancada nacionalista) que plantea ir a una reforma total de la Constitución y otro, que propone que se hagan algunas reformas. Creo que todo cambio constitucional requiere de un pacto político. Es un desafío para el Congreso. No voy a debatir proyectos bien bonitos para que después en la junta de portavoces me desautoricen porque no tengo los votos.
4 ¿Cuál de todos los temas en agenda será prioritario en este segundo año legislativo?
Nadie se puede negar a la reforma constitucional en materia de administración de justicia. No voy a hacer cuestión de estado en temas que son controversiales, como bicameralidad o el voto voluntario. Mi prioridad será la reforma judicial, que es sustantiva y fundamental.
4 ¿Qué alcance tendrá este pacto político para llevar a cabo la reforma de la justicia?
Voy a ir con la Comisión de Constitución a los partidos políticos para pedirles que nos ayuden aprobar estos cambios que son de beneficio común para todos los peruanos. Si queremos seguir administrando la crisis de la justicia, entonces volteamos la cara y punto.
4 ¿Por qué no se aprobaron los cambios en materia de justicia en el primer año legislativo?
Se puso primero la carreta delante de los caballos. Para tener los votos, hay que ir a un acuerdo político y voy a hablar con Ollanta Humala o Lourdes Flores sin menoscabar las prerrogativas parlamentarias. Todo lo avanzado por la comisión Pastor será un insumo para condensar un texto de consenso.
SEPA MÁS
4 La última vez que el pleno del Congreso de la República vio el tema de la reforma constitucional de la administración de justicia fue el 21 de junio.
4 La ley de la carrera judicial volvió a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Parlamento.
4 Toda reforma constitucional debe ser aprobada con 81 votos en dos legislaturas consecutivas o 61 votos con referéndum ratificatorio.
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Una segunda oportunidad