Por María Mendoza. Periodista
El terremoto que azotó nuestro país nos recuerda que todos somos Defensa Civil y, al mismo tiempo, nos pone en la disyuntiva de saber si estamos preparados para enfrentar una emergencia de proporciones. ¿Funcionaría eficientemente Defensa Civil para movilizar a la población en caso de un desastre? ¿Y cuánto sabe el ciudadano de a pie sobre las medidas de prevención a seguir para enfrentar estas crisis y tratar de amenguar las desgracias que pudieran producirse?
Lo sucedido nos obliga no solo a una seria reflexión sobre estos asuntos, sino a la toma de decisiones integrales que trasciendan los propósitos de enmienda de siempre, para definir una política pública real y eficiente de prevención de desastres, que sobre todo sea interiorizada por la población.
Esto es más que urgente en un país como el nuestro, con tantas vulnerabilidades, y ubicado en una zona geográfica expuesta a fallas geológicas que periódicamente amenazan con terremotos de altas intensidades y magnitudes, como el de ayer.
¡Qué decir del resto de fenómenos naturales que suelen producirse a lo largo y ancho del territorio nacional! La necesidad de una respuesta centralizada y eficiente frente a los desastres se ha demandado ante los desbordes e inundaciones, así como en las recientes heladas en el sur.
No podemos seguir reaccionando después de la tragedia ni convertir la defensa civil en un mero concepto. Es hora de la solidaridad con las familias afectadas, sobre todo con aquellas del departamento de Ica, en cuyo mar se localizó el epicentro del sismo.
Corresponde al Gobierno evaluar cómo han reaccionado sus instituciones, sus servicios, sus autoridades y el país en pleno para hacer los ajustes que demanda la prevención, para centralizar esfuerzos y evitar la duplicación de funciones. Pero también los ciudadanos tenemos que expresar nuestra solidaridad en los hechos, y entender que la defensa civil es una filosofía de vida.