La reconciliación aún espera

Por Pablo Rojas. Secretario ejecutivo Coordinadora Nacionalde Derechos Humanos

Hace cuatro años se entregó el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y la carencia de voluntad política de dos gobiernos arroja un balance negativo. No se ha cumplido gran parte de sus valiosas recomendaciones.

La CVR fue la encargada oficialmente de esclarecer lo que ocurrió en el país durante los años 1980 al 2000 que estuvieron marcados por el conflicto armado interno. El informe final respondió en esencia a las preguntas: ¿Qué pasó? ¿Por qué pasó? ¿Qué secuelas dejó? ¿Qué debemos hacer para que no se repita?

El informe responsabilizó a Sendero Luminoso del inicio de la violencia y de la mayoría de las casi 70.000 víctimas mortales. También señaló graves y masivas violaciones a los derechos humanos cometidas por miembros de las Fuerzas Armadas y policiales. Se puso en evidencia que la mayoría de las víctimas tenía como lengua materna el quechua y eran de condición humilde. Este documento estableció las responsabilidades que, a diversos niveles, los peruanos tuvimos en este conflicto.

Luego de analizar las causas del conflicto, se estudió las múltiples secuelas que este conflicto había dejado y luego se estableció las recomendaciones orientadas a que este episodio de horror no se repita.

Las recomendaciones se refieren al derecho a la verdad, justicia y reparación que tienen todas las víctimas del conflicto, pero también a las garantías para que no se repita o reformas institucionales que deben ser implementadas para evitar que estos hechos vuelvan a suceder. Todo esto dentro de una perspectiva mayor, la reconciliación nacional, entendida como un nuevo pacto social entre los peruanos.

El derecho a la verdad tiene que ver con el esclarecimiento del destino de los más de 12.000 peruanos desaparecidos, con el esclarecimiento de los crímenes cometidos por el terrorismo senderista como por agentes estatales. En estos aspectos el balance es desolador. Pero no se agota aquí, este derecho tiene que ver con que los peruanos podamos conocer esa verdad. En este punto la responsabilidad estatal de no difundir el informe final de la CVR y organizar un debate nacional sobre el mismo es enorme.

La justicia tiene serios tropiezos para avanzar en el procesamiento y sanción de los responsables y estos problemas parecen acrecentarse más. La reparación de las víctimas es el único tema asumido por el primer ministro, una decisión que saludamos. Sin embargo el proceso iniciado es muy precario.

Ni qué hablar de las reformas que deberían acercar estrechamente al Estado con la sociedad, que deberían reformar las Fuerzas Armadas y policiales, el sistema de administración de justicia y la educación. Aquí el panorama es lamentable. Entonces ya no tiene sentido hablar de la reconciliación de la que nos habla la CVR. Esta es una meta demasiado alta para los dos últimos gobiernos.

Sin embargo, el mayor peligro proviene de los diversos intentos por desacreditar y negar el informe final e imponer otra verdad que, a falta de alternativas, no es sino la del fujimorismo: todo lo que aquí pasó fue obra del senderismo y hubo algunos excesos en la lucha patriótica por salvar al país. Y pensar que el tema central de la última CADE fue la exclusión social. Pero todo eso parece haber pasado al olvido.