Los escenarios que se abrirán

Por Ronald Gamarra. Ex procurador anticorrupción

Si el fallo de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema de Chile nos favorece, Alberto Fujimori será entregado a las autoridades peruanas, traído a Lima, llevado a la presencia de los magistrados, internado en un centro penitenciario y sometido a los procesos penales seguidos en su contra (que hayan sido objeto de autorización por el vecino del sur).

De acuerdo con el estado de las causas, el ex presidente enfrentaría casi inmediatamente el juicio oral por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, en los que la fiscalía ha solicitado la imposición de 30 años de privación de libertad por los delitos de asesinato y desaparición forzada, y cuyo inicio se encuentra en reserva nada menos que desde junio del 2004.

Si Chile negara la extradición, Fujimori es libre de permanecer en ese país (salvo que se le aplique la ley de extranjería y sea expulsado o invitado a salir). La eventual decisión denegatoria de la justicia chilena solo tendría valor dentro de su territorio, por lo que si el ex jefe del Estado se desplazara a otro, se activaría la orden de captura internacional y el Perú tendría que comenzar un nuevo proceso de extradición en su contra. Así pues, si Fujimori pretendiera llegar a Tokio, tendría que asegurarse un vuelo directo.

El Perú podría presentar nuevas solicitudes de extradición a Chile por casos distintos, llevar a Chile a los tribunales del sistema interamericano de protección de los derechos humanos (por violación de la Convención Americana en general y por interferir en la ejecución de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los Casos Barrios Altos y La Cantuta) y poner en evidencia en la escena internacional el desmerecido récord en derechos humanos del país del sur, que lo inhabilitaría a ocupar el puesto que pretende en el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).