Los casos de Menchola y Torres Caro también fueron resueltos en sesiones reservadas en el pleno

El escándalo de la existencia de empleados fantasmas remeció el Parlamento la noche del domingo 22 de abril y abrió un filón de casos con características similares: congresistas con irregularidades en la contratación de su personal de confianza.

Elsa Canchaya (UN) fue la primera en caer. Luego de 17 días de surgido el destape noticioso, el pleno del Congreso en sesión reservada la suspendió por cuatro meses después de admitir la sanción recomendada por la Comisión de Ética Parlamentaria.

Eso no fue todo. La rapidez con la que se actuó en el tema de Canchaya generó que, tan solo 46 días después de la denuncia periodística, la legisladora perdiera también la inmunidad parlamentaria y se convirtiera en el primer caso de desafuero legislativo desde el inicio del gobierno aprista. En el llano y sin su blindaje de congresista, Canchaya responde ahora por tres delitos ante los tribunales: nombramiento y aceptación ilegal para cargo público, estafa y falsedad genérica.

La misma velocidad se vio en el caso de Walter Menchola, también de Unidad Nacional.

Se necesitaron apenas 38 días desde la denuncia periodística, para que en una sesión del pleno del Congreso se lo suspendiera de sus actividades parlamentarias por cuatro meses luego de admitirse la recomendación de la Comisión de Ética Parlamentaria.

Igual de escandalosa fue la decisión del pleno congresal de revisar el Caso Menchola en sesión reservada como si se tratase de un asunto de seguridad nacional. Un comportamiento similar habían mostrado meses antes en el caso del legislador Carlos Torres Caro.

Hace cuatro días, la Comisión de Constitución denegó el pedido de UN para que Menchola fuera reemplazado por su accesitario. En la sesión se dijo que ello solo procede en caso de muerte, enfermedad, inhabilitación o destitución.

El 5 de agosto el programa "Cuarto poder" denunció que el congresista José Anaya Oropeza (UPP) había contratado como asistente a Nancy Sandoval Quispe, conviviente de su asesor principal, José Luis Venegas Medina, con quien tiene una hija.

Según la denuncia, Nancy Sandoval no acude al Congreso, sino que realiza labores domésticas en el domicilio que comparte en Lima con Venegas y Silva.

También se denunció que José Saldaña Tovar (UPP) había contratado como auxiliar a su sobrina Úrsula Tovar Gutiérrez, quien dejó el cargo tras denunciar que Saldaña le recortaba el 50% de su sueldo. Asimismo se cuestionó a Saldaña por contratar como auxiliar a Vilma Enrique Santiago, una menor que sería la encargada de cuidar a la madre del parlamentario.

El 6 de agosto el presidente el Congreso Luis Gonzales Posada ordenó a la Oficialía Mayor y a la Dirección de Recursos Humanos preparar un informe sobre las irregulares contrataciones de empleados de los señalados legisladores.

La nueva presidenta de la Comisión de Ética Parlamentaria, Elizabeth León (UPP), informó el viernes último que en la agenda provisional de su grupo de trabajo está contemplado evaluar los casos de Anaya y Saldaña.