¿Un país multilingüe e inclusivo?

Por Beatriz Boza

Ante el debate en el Congreso de la ley para "la preservación y uso de las lenguas originarias" que propone que los documentos oficiales estén redactados en los idiomas de las poblaciones nativas, debemos preguntarnos: ¿Por qué debería el Estado asumir esa obligación? ¿Debe el fisco pagar los costos de nuestro multilingüismo? Somos un país multilingüe y pluricultural, en el que cuatro millones de quechuahablantes conviven con peruanos que hablan en aimara, aguaruna, asháninka, shipibo, entre otras lenguas. Somos también una nación en la que oficialmente realizamos contratos, litigamos, nos comunicamos, leemos y juramos un cargo en castellano. Si hay que aprender un idioma más, en este mundo globalizado, ¿no debería ser el inglés o el chino? ¿Será que alguien quiere instalar un negocio de traducciones oficiales? ¿Qué está en juego?

Un principio básico: la igualdad ante la ley, además de la identidad y la dignidad, especialmente de los más pobres. Con más frecuencia de la debida, el lugar donde naces, en el Perú, determina qué costos tienes que pagar para acceder a tu ciudadanía, esto es, para tener un nombre, votar, adquirir una propiedad, casarte, postular a un empleo, ser elegido o poder cumplir la ley. Dependiendo 'dónde' naces, no solo existe una barrera física que vencer (la distancia que recorres para llegar a una dependencia pública) sino una más costosa, una barrera cultural: aprender un idioma distinto al de tus padres. Hoy, como sociedad, dejamos que la factura de ese aprendizaje la paguen los más pobres, pretendiendo que ellos sientan que el nuestro es un sistema justo, legítimo y solidario. Es precisamente el papel del Estado garantizar igualdad ante la ley. No esperemos que los pueblos indígenas crean en nuestro sistema de Gobierno, si este los trata como de segunda clase, denegándoles su identidad.

En este contexto, la experiencia del Indecopi marca un derrotero para la inclusión social en el país. Ha creado el Registro de Conocimientos Colectivos para proteger, a través de la propiedad intelectual, el conocimiento ancestral de los pueblos indígenas. Para ello, invirtió en capacitar a 900 comuneros y 25 facilitadores indígenas, además de traducir y costear todo el proceso para llegar a distintas comunidades del país. Hoy hay 220 registros inscritos y, gracias a ello, el Perú pudo oponerse a una solicitud de patente de una empresa francesa para el uso del Sacha Inchi. Indecopi ganó el primer lugar del Premio a las Buenas Prácticas Gubernamentales 2007, en la categoría Inclusión Social. Lo más importante es que, gracias a esta buena práctica, los conocimientos indígenas no se perderán y nuestras comunidades nativas podrán ser parte del desarrollo. Aprendamos de la experiencia de Indecopi para hacer del nuestro un país más inclusivo y solidario.