La declaratoria de emergencia de los bancos de sangre de todo el país es una medida necesaria, pero no suficiente ante los escandalosos casos de contagio de VIH que han afectado a varios inocentes.
Así, la auditoría anunciada tiene que ser realizada por una entidad independiente y no solo por el mismo sector Salud, que podría terminar siendo juez y parte. Solo así se podrá indagar objetivamente qué hay detrás de estos desgraciados contagios , deslindar responsabilidades y proceder a aplicar las sanciones correspondientes a los altos funcionarios implicados.
Luego de eso recién se podrá pensar en un plan de mejora de los bancos de sangre, y también de los centros de hemodiálisis de todo el territorio.
Sorprende e indigna la recurrencia del problema, que se presentó de modo similar el año 2004 durante la gestión de la ex ministra Mazzetti. Entonces, tras el agrio debate público a causa de que cinco niños fueran infectados con VIH y murieran en la Maternidad de Lima, se hizo poco o nada para afrontar el problema.
Hay dos elementos agravantes: primero, el inaceptable trato que recibieron algunos infectados por parte del ministerio y del hospital. Y luego, no podemos soslayar el serio daño a la trascendental campaña para incrementar el número de donantes voluntarios, factor que debe ser evaluado exhaustivamente en la auditoría pendiente y en el relanzamiento de esta importante campaña.
Preservar la vida es el primer deber del Estado. Habría que ver cómo se hace en otros países para asegurar la idoneidad de los donantes y del proceso. Así, es interesante la iniciativa ministerial de recabar aportes de entidades multinacionales.