Sin fecha de resolución los casos Benites, Pando y Toledo

Por Jorge Saldaña

El único grupo de trabajo parlamentario que hasta el momento no tiene fecha para empezar a trabajar en el Congreso de la República es la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

Eso implica que siguen paralizados los expedientes de denuncia constitucional que todavía penden sobre los congresistas Tula Benites (PAP) y Ricardo Pando (GPF), por haber incurrido en delito en la contratación de empleados fantasmas en sus respectivos despachos.

De lo que resuelva finalmente esta subcomisión dependerá si a alguno de ellos o ambos se les levanta la inmunidad parlamentaria para que sean obligados a sentarse en el banquillo de los acusados y respondan ante la justicia por sus inconductas funcionales.

Desde la semana anterior Benites y Pando están suspendidos en el ejercicio de sus funciones, por 120 y 60 días de legislatura, respectivamente, pero eso fue en respuesta al informe de la Comisión de Ética del Congreso.

El otro caso pendiente de pronunciamiento en la subcomisión es la acusación constitucional contra el ex presidente Alejandro Toledo y tres de sus ministros por el allanamiento durante su gobierno a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por los luctuosos sucesos de 1992 en el penal Miguel Castro Castro.

La razón de fondo del por qué ni siquiera se instala la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es el desacuerdo entre los otrora aliados Unión por el Perú (UPP) y el Partido Nacionalista Peruano (PNP) para determinar a quién de sus integrantes ante ese grupo de trabajo le corresponde asumir la presidencia.

El legislador aprista e integrante de la subcomisión José Vargas informó ayer a El Comercio que el acuerdo multipartidario es que sea uno de los representantes de UPP quien asuma la conducción de las sesiones de la subcomisión. El más voceado es Washington Zevallos.

Empero los nacionalistas dicen que a uno de sus delegados --Fredy Otárola-- le corresponde ejercer esa responsabilidad, porque cuando en el primer año legislativo fueron aliados con UPP y constituían una sola bancada, se acordó entonces que la presidencia de ese grupo fuese alternada.

ENFOQUE
Cuidadito con los precedentes
La ley general del trabajo ya no tiene la prioridad en la agenda legislativa, porque varios congresistas que recién estrenan su pertenencia a la Comisión de Trabajo dijeron que deberían estudiar a profundidad este tema.

Igual criterio podrían utilizar los legisladores que son nuevos en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, la cual, a diferencia de otros períodos legislativos, tiene hoy en día una agenda temática de extraordinaria importancia política.

De otra manera no se explica el porqué los upepistas y nacionalistas siguen sin ponerse de acuerdo desde hace tres semanas sobre a cual de ellos le corresponde asumir la conducción de ese grupo de trabajo, que a diferencia de las comisiones dictaminadoras, no tiene vicepresidencia ni secretaría.

Como bien recuerda el ex presidente de la subcomisión Víctor Mayorga, solamente falta una sesión pública para resolver de una vez las denuncias constitucionales que con tropezones se han seguido en el segundo trimestre de este año contra los congresistas Tula Benites y Ricardo Pando. Ambos casos están en la parte final del proceso de denuncia. Esto es, falta la comparecencia del procurador del Congreso y de los denunciados legisladores en la subcomisión de acusaciones para empezar a redactar los informes finales en un plazo perentorio de cinco días y cuyos alcances serán puestos de conocimiento a la representación parlamentaria.

No hay razón válida para más demoras.

EL DATO
Citación en ciernes
Entre el martes y miércoles de esta semana sería convocada la Comisión Permanente del Congreso para la elección del presidente de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, dijo el titular del Parlamento, Luis Gonzales Posada.