EL DILEMA DE LA CORTE SUPREMA DE CHILE

Fujimori y el 'plagio' del juez Álvarez

Un juez que hace suyo el argumento de una de las partes de manera absoluta está quebrado

Por Juan Monroy Gálvez. Jurista

Cuando un juez elabora una sentencia, emplea un proceso de aplicación judicial del derecho. Para este proceso se puede recurrir, según Wróblewski, a tres métodos: a) El ortodoxo, que es la aplicación mecánica de la norma legal al caso concreto; b) El libre, en el que el juez elige cuáles son las fuentes del derecho pertinentes para resolver el caso, atendiendo a intereses o políticas sociales propias o del sistema; o c) El legal y racional, cuando el juez fundamenta su decisión en el derecho válido y, además, da una justificación racional.

El método ortodoxo es, por desgracia, el más utilizado en los países sudamericanos. Asumiendo que la ley es la máxima expresión de la razón, el juez usa un silogismo en el que la premisa mayor es la ley, la premisa menor son los hechos y la conclusión es la sentencia. Este resabio del Iluminismo racionalista del siglo XVIII es un anacronismo infame, que solo sobrevive en estas tierras de servicio ajeno porque hemos importado el Derecho como lo hacemos con el whisky. Para colmo, cuando el occidente europeo descarta este método nosotros nos aferramos a él un siglo más, y no por homenaje sino por pereza e incuria.

El método libre es fundamentalmente peligroso. Así como el juez puede hacer prevalecer una escala de valores compatible con los intereses y expectativas de su comunidad, también puede inclinarse a los cantos de sirena del poder, entonces resuelve atendiendo a "altas razones de Estado". El llamado socialismo real y las dictaduras militares pueden mostrar ejemplos de lo que se puede lograr con este método.

El método legal y racional y sus variantes es el más reconocido en el pensamiento jurídico contemporáneo. El juez necesita de dos elementos: normas y hechos. Provisto de ellos, debe usar argumentos, los que surgen de las fuentes del derecho reconocidas en cada sistema (la ley, la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia, etc.), para justificar racionalmente su decisión. Eso es juzgar contemporáneamente.

Para este método la actividad judicial es fundamentalmente justificatoria. Esto significa que un juez resuelve conforme al derecho válido y de una forma racional; es decir, dando una fundamentación jurídica y razonable sobre su decisión.

Los abogados litigantes, por su lado, tienen como deber proporcionar su versión de los hechos y los argumentos jurídicos que mejor sirvan al juez para que resuelva a su favor. Por eso, lo que afirme un abogado es dicho de parte en la misma medida en que el dicho de un juez proviene de alguien imparcial. En un proceso, entonces, las partes prueban y argumentan mientras el juez argumenta y resuelve, aunque en ocasiones también prueba.

Hay algo sustancial que distingue al juez de las partes: el empleo del texto. Mientras los abogados escriben para persuadir, el juez lo hace para decidir. Sin embargo, resulta absolutamente normal que un juez, al momento de resolver, sea persuadido por el argumento de una de las partes. Pero, lo que jamás puede ocurrir es que el juez haga suyo el texto y el argumento de alguna de estas. Si ello ocurriera, el juez habría dejado de ser imparcial porque la 'persuasión' del abogado lo habría penetrado al extremo de alinearlo en sus filas. Ese juez ya no sería un tercero.

Si en literatura plagiar un texto es una inmoralidad (aunque algunos están dispuestos a probar que el plagio y su defensa es un nuevo arte), en una sentencia es, además, algo abominable. Un juez que hace suyo el signo de una de las partes de manera absoluta (significado y significante) está quebrado, no es ni puede ser más juez. Digamos que es la constatación más evidente de su absoluta falta de idoneidad.

Ahora que es inminente la decisión definitiva sobre la extradición de Alberto Fujimori, conviene dejar establecido lo que podríamos esperar de la Suprema chilena: la necesaria rectificación de la sentencia del juez Álvarez o la triste ratificación de su sospechosa actuación.

A partir de los sucesos del 11 de setiembre del 2001, los dueños de Occidente han retrocedido espiritualmente: han confundido justicia con venganza. En el Perú no nos puede ocurrir lo mismo. En materia de derechos humanos necesitamos recuperar la memoria, por eso Fujimori debe ser juzgado acá. En lo personal, anhelo que responda por qué dejó de ser peruano cuando le convino, es decir, por qué se convirtió tan fácilmente en aquello que Benedetti llama un "felón impune".