"El Gobierno se equivoca al anunciar sanciones por precios luego del sismo"

Por Natalia Vera Ramírez

Días atrás, el presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, anunció un paquete de cinco medidas para frenar el alza de los precios de los materiales de construcción, tras el terremoto del 15 de agosto.

Además de estas medidas, el primer ministro afirmó que poner sobreprecio a estos materiales en la zona afectada es un delito contemplado en el Código Penal y que podría ser sancionado con cárcel.

No obstante, para el especialista en derecho de la competencia y de la propiedad intelectual Miguel Ángel Luque, del estudio Avendaño, el sobreprecio no es un delito y no puede ser sancionado por el Indecopi. A continuación, nos expone las razones.

¿Qué inconvenientes ve en las medidas anunciadas por el Gobierno en favor de la industria de la construcción?
El problema es la manera como actúa el Gobierno, específicamente la Presidencia del Consejo de Ministros. Lo que sanciona el Indecopi es la concertación de precios, pero de alguna manera el primer ministro dice que también puede ser sancionada la especulación, lo cual no es cierto, eso es potestad del Poder Judicial. Es un delito que no tiene nada que ver con el incremento de precios en la zona del desastre.

¿Entonces no se puede hablar de especulación en esta circunstancia?
El acaparamiento y la especulación tienen que ver con provocar situaciones en que se aumentan los precios a través de la retención de la producción de ladrillos, por ejemplo, para generar escasez. Sin embargo, esto ni siquiera fue necesario porque la escasez se ha generado a consecuencia del terremoto, ellos (los comerciantes) no tienen que incurrir en esta práctica. El desastre les ha dado la oportunidad de aumentar precios, entonces, la oportunidad está allí. El problema no es legal, sino moral. Ellos pueden aprovechar la oportunidad de subir los precios o no. Desde un punto de vista moral no es bueno que lo hagan.

¿Pero bajo esas circunstancias, en una situación de desastre, esta actitud no es sancionable?
Creo que no. Podrían ser sancionados si es que se comprueba que todos los fabricantes de materiales de construcción se ponen de acuerdo y dicen que van a poner un determinado precio, eso es lo que sanciona el Indecopi, pero eso no está pasando.

Pero sí han subido los precios.
Las empresas formales no han subido los precios. El problema son las informales, que han aprovechado la situación. Lo que me preocupa es que, a pesar de las buenas intenciones, no se está tomando una buena actitud al lanzar advertencias sobre el sobreprecio de los materiales de construcción. Él (Del Castillo) dice que es un delito cuando esto no lo es en ninguna parte del mundo. El Gobierno está tratando de regular el mercado a través de estas advertencias. Apela al desconocimiento de estos empresarios formales para hacerles creer que los puede sancionar por incrementar sus precios.

¿Si el Indecopi efectivamente identifica que existe concertación de precios o especulación, el Poder Judicial puede intervenir y sancionar con pena de cárcel?
Por supuesto. La especulación, el acaparamiento y la concertación de precios sí son delitos. En el caso de la concertación de precios, se trata de una infracción administrativa.

¿Qué distorsiones se pueden generar a partir de la intervención del Gobierno?
Declarar que los productores de cemento se han comprometido a mantener sus precios es una de ellas. Eso sí es una concertación de precios. El primer ministro está promoviendo la concertación de precios. En ese caso, a todos nos parece bien que se hayan puesto de acuerdo y mantengan su precio, pero eso a largo plazo puede ser un problema porque puede generar incentivos en estos empresarios, que para cuando ya no haya desastres ni problemas ellos sigan reuniéndose y sigan creando precios artificiales y traicionen así el proceso competitivo.

¿Entonces qué medidas debieron tomarse ante esta situación?
Se han anunciado una serie de medidas que me parecen muy buenas, como difundir los precios formales en los puntos de venta legales para que los consumidores no se dejen sorprender.

LA COMPETENCIA
Del Castillo dijo que en los ladrillos el incremento se dio mucho antes del terremoto y es probable que si se hubiera pedido antes que mantuvieran sus precios, no hubieran hecho caso.
Exactamente. Es bueno que el Gobierno se preocupe por el tema del incremento de precios, pero me parece que este tipo de acuerdos que se está promoviendo, como el compromiso de las empresas de cemento para mantener sus precios, es peligroso.

Pero incluso el Indecopi estuvo presente cuando hicieron este compromiso.
Eso no sabría decirle.

¿Ante alzas exageradas, cuál es el rol del Estado sin que tenga que injerir directamente?
Fomentar la competencia. ¿Por qué se dan estos incrementos de precios? En este caso fue algo específico: el terremoto del 15 de agosto, que ha generado escasez relativa; que haya mucha más gente que necesita comprar estos bienes; y que haya menos competidores porque algunas fábricas artesanales se han destruido. El Estado tiene que incentivar la creación de más empresas, a través de la inversión en infraestructura o dando facilidades. De este modo, las empresas tienen todos los incentivos para ponerse de acuerdo y cobrar el precio exacto y no generar que sea solo una empresa que tenga el monopolio. Se debe limitar a promover la competencia.

¿La actitud del Gobierno en este caso sería un retroceso?
Así es y hay un antecedente. Al inicio de los años 90, al ministro (Jorge) Camet no le pareció el precio del transporte público y se reunió con los transportistas y acordó cuál iba a ser el precio. El ministro y los transportistas pensaron que esa medida intervencionista estaba bien.

¿Cuál fue entonces la reacción del Indecopi?
En esa época el Indecopi los investigó y sancionó a las transportistas por haber concertado precios con el ministro, eso estaba y está prohibido. Todos podemos creer que ese precio está muy alto, pero lo importante en una economía de mercado es que los precios se fijen de manera libre. En esa época el Indecopi consideró que tal acuerdo era ilegal porque traicionaba el proceso competitivo.

¿Y el Gobierno podría promover la competencia ahora?
Sí, pero en la medida en que ha participado hasta ahora es poco probable que lo haga.

LA FICHA
Nombre: Miguel Ángel Luque Oyarce.
Profesión: Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Edad: 26 años.
Situación familiar: Soltero.
Cargo: Asociado del Estudio Jorge Avendaño Valdez Abogados.
Organización: Estudio fundado en 1973. Da asesoría a clientes en el Perú y el extranjero.