Por Raúl Ferrero C. Jurista
Con la llegada de Alberto Fujimori para ser juzgado en el Perú, el tema de la reforma judicial recobra actualidad.
El que se emprenda de veras la reforma judicial requiere de dos factores fundamentales: la existencia de una firme decisión política del Gobierno y de una manifiesta voluntad del mismo Poder Judicial de querer llevarla a cabo.
No siempre se dan ambas determinaciones al mismo tiempo. En los últimos lustros el espíritu de reforma se ha presentado más del lado del Poder Judicial que de parte del gobierno.
Ahora, es el Congreso de la República el que ha tomado la iniciativa para echar a andar la reforma, y parece decidido a aprobar las leyes que están esperando turno hace varios años para armar la estructura legal que se viene reclamando y cuyos proyectos de ley están en manos del Parlamento nacional.
A pesar de que muchos de ellos cuentan con dictámenes aprobados por sus propias comisiones legislativas, el pleno no se ha dado el tiempo para discutirlos, así como tampoco el de las reformas constitucionales necesarias.
Por eso, resulta saludable la reciente reunión de coordinación realizada entre el presidente del Poder Judicial, Francisco Távara, y el presidente del Congreso, Luis Gonzales Posada.
Pero es poco lo que se puede avanzar, si no se logran las reformas constitucionales, ya que una Corte Suprema que siga viendo 20.000 causas al año resulta en un despropósito.
La Corte Suprema tiene que actuar como Tribunal de Casación y debe estar facultada para escoger discrecionalmente los procesos que ella decida resolver, lo que se conoce como el principio del 'Certiorari'.
Asimismo, tiene que implantarse el sistema de precedentes con carácter vinculante (como ocurre con algunas resoluciones del TC), los que únicamente podrán ser variados si la misma Corte Suprema cambia de criterio y para el caso motiva debidamente su resolución, lo que se conoce como el principio de "stare decisis", para de esa forma lograr uniformar la jurisprudencia y ganar en predictibilidad.
El presidente del Congreso debe comprometerse a contribuir, participando activamente, para que la asignación presupuestal del próximo año (2008) correspondiente al Poder Judicial sea la solicitada por este.
Ahora, que se ha concedido la extradición de Alberto Fujimori, es el mejor momento para apoyar al Poder Judicial, de forma que no quepan dudas que este se encuentra en capacidad de otorgar las garantías de un proceso imparcial y objetivo.