Víctimas piden justicia

Por Francisco Soberón. Director de Aprodeh

Cuando el reo Alberto Fujimori llegue al territorio peruano deberá ser puesto, inmediatamente, a disposición del Poder Judicial y bajo recaudo en un centro de reclusión de acuerdo con la gravedad de los crímenes que se le imputan y con todas las garantías necesarias para su seguridad.

Una vez que esté formulada la acusación frente al fiscal supremo y esté abierto el proceso tendrá que instalarse y constituirse la Sala Penal de la Suprema de tres magistrados para iniciar el juicio oral.

En el proceso que se siga contra Alberto Fujimori acreditaremos abogados en la representación civil de los familiares de las víctimas. Confiamos en que la Corte Suprema, hoy formada mayoritariamente por jueces titulares y con las pautas que ha marcado la resolución unánime de extradición de la Corte Suprema de Chile, inicie el proceso inmediatamente con todas las garantías del debido proceso y defensa para Fujimori, garantías que en su régimen no otorgó a miles de peruanos cuando existieron tribunales militares y civiles sin rostro, cárcel injusta y condenas para inocentes.

Saludamos además, que con este fallo, el sistema judicial chileno acoge la recomendación de la Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto del Caso La Cantuta, en la que señala "la obligación internacional de Chile de cooperar para que Fujimori sea juzgado y castigado por los graves crímenes revelados en este caso evitando de esa manera que los hechos queden en la impunidad".

Debemos aclarar que la extradición no es un proceso de juzgamiento. La extradición es un proceso que atiende un requerimiento de la justicia peruana. Es el Perú quien tiene la responsabilidad de juzgar, ya que los crímenes se hicieron en territorio peruano, las víctimas son peruanas, y los perpetradores también son peruanos y están en el Perú. Nosotros queremos justicia, y por eso estaremos atentos y vigilantes en estas próximas semanas y meses hasta que la justicia sancione ejemplarmente a todos los responsables.

Invocamos al sistema judicial peruano a que actúe con diligencia, celeridad y con toda la independencia que debe caracterizar al Poder Judicial de un estado democrático de derecho que se resista a cualquier pretensión de presión política frente al caso que tendrán en sus manos. Corresponde además, en este momento, reconocer el esfuerzo de los familiares de las víctimas a lo largo de estos años de búsqueda de verdad y justicia, así como la solidaridad nacional e internacional de los diversos organismos y colectivos que se sumaron a esta justa causa.