Caso Fujimori: LLegada, trato y juicio debidos

Llama positivamente la atención la prontitud, discreción y efectividad con que se ha procedido al traslado del ex mandatario Alberto Fujimori desde Chile a nuestro país.

Todo se ha desarrollado en medio de extremas medidas de seguridad, que lo hacían aparecer casi oculto, pero que seguramente buscaban evitar eventuales riesgos de exposición pública de quien venía, además, en condición de detenido. En las últimas horas, el caso dio un vuelco tremendo, con la trascendental pero no menos sorprendente decisión de los magistrados de la Corte Suprema de Chile que aprobaron la extradición por siete graves delitos (dos contra derechos humanos y cinco por corrupción).

A partir de allí, en Santiago, pero también en Lima ambos gobiernos pusieron en marcha los planes de contingencia, armados con la debida antelación, que han funcionado exitosamente, todo lo cual son saludables y esperanzadores signos de que estamos madurando como nación civilizada.

El avión peruano que trajo al ex presidente Fujimori llegó a la base de Las Palmas. De allí lo trasladaron en helicóptero a la base policial de la Dirección de Operaciones Especiales, en Ate-Vitarte, que ha sido autorizada y habilitada no solo como centro temporal de reclusión sino como sede judicial para los complejos procesos pendientes que debe responder el extraditado ante el Poder Judicial peruano.

Como lo hemos señalado ayer, ahora hay que dejar que los fiscales, jueces y procuradores hagan su labor. Las esporádicas manifestaciones de fujimoristas y, del otro lado, las de grupos de derechos humanos deben ser controladas. Y no solo porque estos raptos de emotividad pueden derivar en fanatismo violentista, como se pudo ver ayer con la quema de llantas y otros excesos, sino también porque no se puede condicionar ni presionar a los jueces desde las calles.

Así no puede ni debe funcionar la administración de justicia en el Estado de derecho. El debido proceso implica respetar los derechos del acusado, pero también acogerse totalmente al imperio de la ley y el orden, que nos obliga a todos los ciudadanos, sin excepción. Nadie tiene corona y menos puede utilizar la calle, ni cargos parlamentarios o de otro tipo para interferir con la justicia.

El Caso Fujimori no debe politizarse ni la agenda política nacional puede fujimorizarse. Ni guantes blancos ni victimización ni circos mediáticos, como pretenden algunos. Simplemente la aplicación firme, impecable e implacable de la ley, tanto para confrontar hechos y deslindar responsabilidades cuanto para desterrar la impunidad y aplicar justicia. Eso es lo que procede y lo que los peruanos exigimos.