Destemplada reacción fujimorista

E s irónico que el griterío fujimorista trate de convencernos de que su líder máximo es víctima del Gobierno y de una campaña mediática que busca, con la complicidad de algunos medios de comunicación, presionar y condicionar a los jueces en contra de Alberto Fujimori. Nada más equivocado. Si alguien está excediéndose en el show mediático no es precisamente el Gobierno que, más bien, ha adoptado desde la extradición y hasta ahora un comportamiento impecable en el respeto al debido proceso y a los derechos de Fujimori.

Sin escándalos y con autoridad, el INPE viene cumpliendo rigurosamente las normas vigentes, tanto para garantizar la seguridad del detenido, como para cautelar que reciba la atención médica que necesite, del Estado o de servicios particulares. Y así debe ser.

Fujimori ha sido visitado por sus abogados sin problemas y puede recibir a tres familiares cercanos. Es más, no se lo ha confinado en un penal común o militar, sino que se lo ha detenido en el Cuartel de la Dirección de Operaciones Especiales de la Policía Nacional (Diroes). Y, en virtud de los derechos que corresponden a su condición de ex mandatario, está recibiendo un trato especial y justo, claro está, dentro del proceso judicial en marcha que lo incrimina por diversos delitos. Finalmente, quien quebró el orden democrático y promovió su reemplazo por otro --que se derrumbó en medio de la corrupción-- tenía tarde o temprano que enfrentar la ley.

Por eso, frente a este escenario positivo para la justicia peruana, resulta desproporcionada e incalificable la reacción del fujimorismo: no solo ha cuestionado las de por sí aceptables condiciones de carcelería del detenido, sino que en un penoso y peligroso juego semántico trata de tergiversarlo todo.

En primer lugar, ha protestado porque el INPE no ha permitido a los miembros de la bancada fujimorista visitar a Fujimori. Lo que no dice es que, según el Código de Ejecución Penal, los congresistas tienen ingreso a un establecimiento penal, pero previa identificación y sobre todo en el ejercicio de sus funciones (como parte de una comisión investigadora, por ejemplo).

Luego, en actitud que asemeja al pasado autoritarismo, ha amenazado con retirar su apoyo al Apra en el Congreso, lo que pone en evidencia su falta de respeto por ese poder del Estado, que no puede estar sujeto a chantaje político alguno.

En cuanto a Keiko Fujimori, ha demostrado que actúa más como hija que como congresista, dos papeles que no pueden confundirse, menos aun de cara a la opinión pública.

Primero señaló que no aceptaría la detención del ex presidente y ahora moviéndose dentro de la estrategia mediática fujimorista, prácticamente ha asumido su victimización. En el colmo del absurdo, acusa al Gobierno de maltrato, de impedir a su padre pasear por las instalaciones de la Diroes y de que sea juzgado en comparecencia. ¿Y que pasaría si todo lo que reclama, como prisión dorada, pusiera en peligro la seguridad de su padre?

Condenable es también la intolerancia del grupo de desadaptados que destruyeron el monumento "El ojo que llora", un hecho aún sin sanción que no beneficia a nadie y que solo confronta innecesariamente a peruanos contra peruanos.

El fujimorismo tiene que aprender la lección y, como el resto de los políticos peruanos, replantear su conducta. El poder obnubila, pero es necesario un punto de quiebre. Esa es probablemente la gran lección que deja el régimen fujimorista que hizo prevalecer aquello de: "Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley".