En el 2005 empresa ganadora ofreció a la PNP pertrechos antimotines más baratos

Por Alfredo Alí Alava. Unidad de Investigación

Nuevos indicios de una aparente sobrevaluación de precios en la adquisición de pertrechos antimotines para la Policía Nacional del Perú (PNP) encontró El Comercio en los últimos días al revisar documentos que obran en poder del ex representante legal de la empresa ganadora y que fueron puestos a nuestro alcance.

Se trata de una cotización que el empresario Williams Marcos Luque, a nombre de la empresa estadounidense Combined Tactical Systems, le hiciera llegar el 12 de noviembre del 2005 a la Dirección de Logística de la PNP.

(En declaraciones a este Diario, Marcos Luque, ex representante legal de Combined Systems Inc, la marca de las granadas y cartuchos antimotines de esa firma, manifestó que Combined Tactical Systems es el nombre del área operativa donde se hacen las pruebas de campo.)

Combined Systems --como se sabe-- es la misma empresa que el 19 de julio último se adjudicó como única postora la buena pro (exonerada de licitación) para vender al Estado Peruano (Ministerio del Interior-Policía Nacional del Perú) 35 mil granadas lacrimógenas triples, 50 mil cartuchos lacrimógenos triples y 20 mil balas de goma.

La operación comercial, cuestionada por diversos sectores, ha significado para el erario nacional el desembolso de US$3'220.600,00. Sin embargo, estudios de mercado realizados anteriormente por nuestro Diario estiman que se pagó una sobrevaluación de por lo menos un millón y medio de dólares.

A la luz de algunos documentos, hoy se sabe que a fines del 2005 la PNP estaba a punto de adquirir granadas y cartuchos lacrimógenos para enfrentar marchas violentas (tomas de locales, invasiones, motines, etc.). Por ello solicitó cotizaciones a diversas empresas, pero el proceso quedó en nada.

Una de las empresas que se interesó en vender al Estado fue justamente Combined Systems Inc. Dicha firma, a través de su representante, el empresario Williams Marcos Luque, hizo llegar una cotización a la Dirección de Logística de la PNP.

En su propuesta indicó a la PNP que le podía vender cada granada lacrimógena triple a S/.114,38 y cada cartucho triple a S/.75,50. Ese día el dólar interbancario y el paralelo se cotizaban en S/.3,36, por lo que cada granada costaría US$34,04 y cada cartucho US$22,47.

Se debe tener en cuenta que la cotización presentada por la empresa estadounidense era a precios DDU, que incluyen el costo de fábrica, seguro de transporte, flete, transporte interno, desaduanaje y manipuleo para poner la mercadería en los almacenes de la PNP.

Así las cosas, los precios ofrecidos por el representante de Combined Systems Inc. fueron un poco altos por la condición DDU, aunque sin dispararse tanto como los pagados actualmente, que para colmo son precios CIF (puesta la mercadería en el puerto del Callao), que no incluyen transporte interno, desaduanaje ni manipuleo.

DIFERENCIAS LLAMATIVAS
Diversos importadores consultados por este Diario consideraron que sin ese costo adicional los pertrechos bajan 5% en promedio. Es decir, las granadas deberían costar US$32,33 y los cartuchos US$21,24. ¿Pero cuánto pagó el Estado Peruano en esta última operación comercial? US$50 por granada y US$28 por cartucho. La diferencia salta a la vista.

De acuerdo con la comparación de precios DDU y CIF, en esta última compra se habría pagado un sobreprecio de US$956.450 por la compra de granadas y cartuchos lacrimógenos, aunque la sobrevaluación sería mayor si se considerara que también se han comprado 20 mil balas de goma.

En lo que respecta a este último rubro, los estudios de mercado permiten señalar que el Estado Peruano habría pagado un sobreprecio de US$1.50 por cada bala de goma, lo que significaría una sobrevaluación por este concepto de US$30 mil.

Esto quiere decir que por la compra de todos los pertrechos antimotines (granadas, cartuchos y balas de goma) como parte de la compra exonerada de licitación se habría producido una sobrevaluación de US$986.450.

Pero el asunto no queda allí. Los precios que presentó la ahora empresa ganadora pudieron rebajarse aun más, toda vez que ella había presentado una cotización para un estudio de mercado, y considerando que cuando varias empresas compiten en una licitación o en una subasta inversa los precios tienden a bajar ostensiblemente.

Además, los comerciantes de pertrechos coinciden en que cuando se hace una compra directa a la fábrica y en grandes cantidades --como lo ha hecho el Perú-- los vendedores suelen reducir los precios en 20% cuando menos.

Del mismo modo, dicho ministerio señala que para realizar una compra directa exonerada de licitación a una empresa extranjera no es necesario que dicha compañía tenga un representante legal en el Perú. "No existen bases en toda la administración pública que digan que las ofertas tienen que ser presentadas por representantes legales que radiquen en nuestro país", se defiende el despacho del Interior.

Igualmente, manifiesta que --según la ley del Consucode-- la PNP podía convocar a un solo proveedor y adquirir pertrechos directamente en base a propuestas hechas a través de cualquier medio de comunicación, incluidos el correo electrónico y el facsímil.

Finalmente, respecto a la compra de granadas y cartuchos triples, el Mininter señala que "el tipo de municiones lacrimógenas obedece a la necesidad de la Policía, la misma que se relaciona con la operatividad y eficiencia que tiene que demostrar en sus intervenciones".

¿OTRA IRREGULARIDAD?
Empresa sin representante legal en el país
Otro hecho, aparentemente irregular o ilegal, salió a luz en las últimas horas en relación con la cuestionada compra de pertrechos antimotines para la PNP: la existencia de un supuesto representante legal al que la empresa ganadora Combined Systems Inc. no reconoce representación.

El Comercio ha obtenido una carta remitida por Jack Hananya, director de ventas internacionales de Combined Systems Inc., a la secretaria general del Ministerio del Interior, Nelly Rodríguez Cuzcano, en la que le dice que la compañía estadounidense "no cuenta con representante legal en el Perú". Y agrega que "todas las operaciones comerciales para la venta de material lacrimógeno y munición no letal son realizadas directamente por el suscrito, como representante de la empresa (Jack Hananya)".

La carta tiene por fecha 4 de setiembre del 2007 y fue entregada a este medio por un asesor del Ministerio del Interior.

Averiguaciones de este Diario permitieron concluir que todas las empresas extranjeras que tienen que contratar con el Estado Peruano deben estar inscritas en el Registro Nacional de Proveedores (RNP) y para ello deben tener registrado un representante legal en el Perú.

La versión fue dada por una fuente del Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Consucode) y fue corroborada por un ex asesor de esa entidad y por dos empresarios, uno de los cuales es representante de una empresa extranjera.

En los documentos que se anexaron a las bases para la compra se pide la firma del representante legal. Así figura, al menos, en los modelos de la carta de presentación y declaración jurada de datos del proveedor, en la declaración jurada de cumplimiento de los términos de referencia, en la carta de compromiso de plazo de entrega y garantía comercial y en la proforma del contrato.

Y esto --según nuestras fuentes-- obedece a que se requiere de la existencia de un representante legal en el Perú, porque será a él a quien le pedirán y exigirán cumplir con el contrato, o bien a quien se someterá a proceso judicial en caso de incumplimiento.