La radicalización de la bancada fujimorista puede restarle adhesiones y deteriorar la defensa legal de su líder
Por Juan Paredes Castro
Alberto Fujimori dice que su juzgamiento en el Perú era el objetivo final de su estrategia. El fujimorismo, por el contrario, parece rechazar el juzgamiento y, por consiguiente, el objetivo de su líder.
Esto que parece conducir a un cortocircuito político y judicial viene adoptando más bien la forma concreta de una pérdida anticipada de soga y cabra por parte del fujimorismo. Es decir, la pérdida de la oportunidad de rebajar y sortear penas en el Poder Judicial y la pérdida de escalones en un clientelismo electoral que desde la candidatura de Fujimori a una senaduría en Japón se ha venido muy abajo.
Los riesgos están a la vista: la obsesión fujimorista por politizar el caso judicial encierra la amenaza inversa de perjudicar gravemente la propia defensa legal de Fujimori. Y su declarado propósito de convertir su bancada parlamentaria en una palanca de presión, para inclinar la balanza de votaciones en uno y otro lado, podría revelar una conducta antidemocrática que hasta el humalismo rechazaría.
No sabemos cuántos meses de plazo se ha dado el fujimorismo para lo que considera su desembozada resistencia política al juzgamiento de Fujimori. Por lo pronto, no vemos realmente las posibilidades de una movilización social de gran envergadura y larga duración. Lo que sin duda va a prevalecer es el ímpetu de su bancada parlamentaria por desplegar en el Congreso una defensa política de su líder, en abierto desafío, por supuesto, al tacto y a la táctica de la defensa legal del ex mandatario, que parece apuntar a un foco más racional.
En la medida en que el fujimorismo radicalice sus votaciones en el Congreso, otras bancadas como la humalista tratarán de llenar los vacíos dejados. No olvidemos que el humalismo le disputa mucha clientela electoral al fujimorismo en los niveles socioeconómicos C y D. Naturalmente que los vacíos generados en el A y B los cubrirá, ni corta ni perezosa, Unidad Nacional. O sea que la bancada aprista podría verse automáticamente beneficiada, casi de rebote, por los propios actos y omisiones del fujimorismo legislativo, que ahora busca tomar revancha de las condiciones supuestamente duras de la carcelería de su padre fundador.
A estas alturas del comportamiento fujimorista propiamente limeño, quien tiene más que temer no es el Gobierno, amenazado de perder un aliado, sino el ex presidente, cuyo pensamiento no está en el 2011, como lo quisieran Carlos Raffo y Keiko Sofía, sino en las siete causas penales de las que tiene que defenderse con todo.
Es hora de que el fujimorismo intente calzar los zapatos de su frío y astuto líder. Podría irle mejor.