SEGURIDAD EN ENTREDICHO

Critican ley que elimina control previo de nuevas edificaciones

Según técnicos, nueva norma pone en riesgo las obras de hasta cinco pisos. Las comisiones revisoras evaluarán solo los grandes proyectos urbanos

Por Andrea Castillo Calderón

El debate sobre la regularización de las habilitaciones urbanas y edificaciones del país no terminó el último martes con la promulgación y publicación de la Ley 29090 en el boletín de normas legales del diario oficial "El Peruano".

Si bien la norma introduce la figura de los revisores urbanos, cuya finalidad será evaluar los proyectos de más de cinco pisos y más de 3.000 metros cuadrados de área construida; también limita la función de las comisiones técnicas municipales, que solo evaluarán los grandes proyectos de habilitación o edificación.

Los colegios profesionales de Ingenieros y de Arquitectos cuestionan que la Ley 29090 exonere de la revisión técnica previa la construcción de edificios de hasta cinco pisos, porque de esa manera se pondrá en grave riesgo la seguridad de este tipo de inmuebles.

"Si bien las solicitudes llevan las firmas de profesionales (un arquitecto y un ingeniero) esto no es garantía de que se cumplirán las normas técnicas; más aun si la ley establece que la fiscalización municipal será posterior al inicio de las obras", advirtió el decano del Colegio de Ingenieros de Lima, Javier Piqué.

Recordó que entre enero y julio de este año, los delegados del Colegio de Ingenieros ante las comisiones técnicas de habilitación urbana y edificaciones de las municipalidades evaluaron solo en Lima 2.700 proyectos, de los cuales 1.400 fueron observados por incumplir las normas técnicas de construcción.

"Estos casos pudieron detectarse gracias a la revisión previa. Imagínese lo que podrá ocurrir ahora. Creo que es una gran irresponsabilidad permitir que se construya sin revisión previa", anotó el decano de los ingenieros.

El decano del Colegio de Arquitectos de Lima, Alberto Velarde Andrade, propuso la creación de un fondo que permita a los técnicos de los colegios profesionales acercarse a la comunidad y asumir el control urbano, pues las municipalidades carecen de recursos para ello. Más aun ahora --agregó-- que el costo de la fiscalización posterior de las obras va a estar comprendido en el pago que deba realizar el propietario por la licencia de construcción.

ESTABLECER PLAZOS
El regidor Armando García Campos, de la Comisión de Desarrollo Urbano de la Municipalidad de Lima, opinó que la Ley 29090 no ataca el problema de fondo, como es establecer plazos para que los funcionarios municipales resuelvan los expedientes de habilitación urbana y de edificación. "No era necesario exonerar los expedientes de la revisión técnica de los ingenieros y arquitectos. Es un error grave", aseguró. Señaló como aspecto positivo de la norma la protección del valor de los predios, al establecer que no puede modificarse la zonificación a un nivel menor ni disminuir el nivel de uso de suelo. Otro aspecto positivo es la definición de parámetros para el costo de la licencia de construcción.

Para Martha Málaga, subgerenta de obras del Concejo de Comas, existe un vacío importante en la Ley 29090. Aseguró que la nueva norma no exige la presentación de estudios de suelos para las habilitaciones urbanas.

HABRÁ CRECIMIENTO
El asesor de la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Guido Valdivia, desestimó todos estos cuestionamientos porque, aseguró, se ha logrado reducir a un solo día la obtención de la licencia de construcción en el caso de obras menores y se ha simplificado el resto del proceso a no más de 45 días.

Rechazó las versiones que atribuyen a la Ley 29090 un potencial aumento de la informalidad en la construcción.

"Si bien por sí misma es insuficiente para resolver este problema, sí marca un derrotero", comentó. Por lo pronto, refirió, alentará la construcción. Solo en el caso de los proyectos de licencia automática (de hasta 120 metros cuadrados) se prevé que habrá un incremento de 40% de obras de esa dimensión.

Sobre la fiscalización posterior, Guido Valdivia comentó que esta resultará beneficiosa a las municipalidades, porque les generará más rentas.

PRECISIONES
Hay cuatro nuevas modalidades para obtener licencia
A viviendas unifamiliares de hasta 120 metros cuadrados de área construida; ampliaciones con licencia de construcción o declaratoria de fábrica cuya área no supere los 200 metros cuadrados; remodelación total de edificios ; obras menores y de carácter militar o policial.
B habilitaciones de cinco unidades prediales de no más de 5 hectáreas y edificios de hasta 5 pisos que no superen los 3.000 m2 de área construida.
C habilitaciones urbanas que se ejecutarán por etapas o con construcción simultánea de viviendas; edificaciones de más de 5 pisos y más de 3.000 metros cuadrados de área construida; locales comerciales, culturales y de espectáculos de hasta 30.000 m2 de área construida y locales deportivos para 20.000 ocupantes.
D habilitaciones urbanas de predios que no coincidan con áreas urbanas o con zonas arqueológicas o áreas naturales protegidas; locales hasta más de 30.000 m2 de área construida; y mercados de más de 15.000 m2 y locales deportivos para más de 20.000 ocupantes.

Las modalidades A y B tienen licencia de construcción automática con la sola presentación de un formulario ante el concejo distrital. En el tipo C y D requieren documentos previos y visto bueno de revisores urbanos o de la comisión técnica municipal.

Se coordinará con sectores técnicos
El viceministro de Vivienda, Jesús Villalón, aseguró que muchos aspectos de la Ley 29090 serán precisados en los reglamentos que este sector deberá preparar en un plazo de 180 días.

Para tal fin, indicó, se coordinará con los colegios profesionales para subsanar los posibles vacíos que pueda tener la nueva Ley de Regularización de Habilitaciones Urbanas y Edificaciones.

Se trata de los reglamentos de los revisores urbanos; de verificación administrativa y técnica, y de licencias de habilitación urbana y licencias de edificación.

La Ley 29090 empezará a regir al día siguiente de la publicación de esas normas.

En ese mismo plazo, las municipalidades provinciales y distritales deben elaborar un banco de proyectos.