El importante papel de los procuradores

Por Antonio Maldonado P. Ex procurador

Ante un hecho de trascendencia mundial en la lucha contra la impunidad, sobran los protagonismos indebidos y las distorsiones respecto de una verdad histórica como fue el trabajo esforzado que rodeó en su momento, la presentación de los cuadernos de extradición a Chile del ahora extraditado.

A mediados de 2005, el Gobierno hizo un giro en la estrategia aplicada a la extradición del prófugo, y creo dos comisiones, una en Cancillería y otra intersectorial encargadas de coordinar el seguimiento de procesos de carácter internacional. En setiembre de ese año se presentó una nota diplomática en la que el Perú comunicaba al Japón su firme decisión de recurrir a instancias Internacionales en caso no obtuviera respuesta oportuna respecto de dos cuadernos de extradición en trámite (Barrios Altos-Cantuta y 15 millones).

En ese contexto Fujimori huyó a Chile, el Estado Peruano logró su inmediata detención y se dio inicio al procedimiento de extradición correspondiente. Paralelamente, el propio procurador ad hoc y el presidente de la comisión especial de Relaciones Exteriores iniciaban las gestiones para la contratación del abogado Alfredo Etcheberry quien asumió la defensa del Estado Peruano.

Concluida la etapa judicial del procedimiento, el Poder Ejecutivo mediante RS 270-2005-JUS, accedió al pedido de extradición del prófugo por 12 casos, los cuales fueron presentados a Chile el 3 de enero de 2006; en agosto se presentaría la ampliación del cuaderno "sótano SIE".

Es en este período, a partir del 6 de noviembre de 2005, que fue gestada la estrategia legal que seguiría la defensa a cargo del doctor Etcheberry en Chile; asimismo, fueron enviados los documentos probatorios valorados por la justicia chilena e informes jurídicos aportados por instituciones académicas internacionales. Teorías como la del dominio del hecho, sobre la cual se atribuyó responsabilidad al extraditable como autor mediato por violaciones a los derechos humanos, específicamente por "dominio de la voluntad en virtud de aparatos organizados de poder", fueron sustentadas en este período y finalmente acogidas por la Corte Suprema de Chile.

Si se van a reconocer los méritos en este trabajo, empezaremos por mencionar a los procuradores que me antecedieron, José Ugaz y Luis Vargas, cuyos avances en el procesamiento de los casos contribuyeron en la elaboración de los cuadernos presentados durante mi gestión. Asimismo, el trabajo de recolección de pruebas, investigación y análisis que dejó como resultado la extradición del ahora extraditado, tuvo en la procuraduría ad hoc, la comisión intersectorial y la comisión especial de Relaciones Exteriores a actores decisivos del proceso, quienes asumieron con acierto las responsabilidades que a cada uno correspondía en esta historia.

Quienes participaron de esta etapa nunca dudaron de la solidez de los expedientes y, en algunos casos, siguieron contribuyendo con el proceso a través de artículos de opinión e informes jurídicos, como el elaborado por el Idehpucp, que reunió a ex procuradores ad hoc y otros profesionales, a fin de dar una respuesta sustentada en el derecho a la controvertida sentencia del ministro Álvarez, hoy revocada en sus aspectos más sustantivos.

Reveladas las verdaderas claves del éxito de la extradición y, sin dejar de reconocer el papel que desempeñaron las organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como internacionales, así como los medios de prensa, no podemos dejar de mencionar que correspondió al procurador ad hoc Carlos Briceño, quien asumió el cargo en octubre de 2006, la labor de seguimiento en este proceso, tarea que cumplió con acierto.

En suma, un esfuerzo compartido por quienes ven en la democracia y sus formas de hacer justicia un camino más complejo pero firme para la convivencia humana.