Alcaldes no asisten a mesa de diálogo sobre Majaz

Por Johnny Obregón

El presidente del Consejo de Ministros, Jorge del Castillo, instaló ayer a las 8 p.m., en la sede del Colegio de Ingenieros de Piura, la mesa de diálogo entre el Gobierno y los representantes de los pueblos, en la que se tiene pensado desarrollar el proyecto minero Río Blanco. Los grandes ausentes en esta cita fueron los alcaldes de Ayabaca, Humberto Marchena; de Pacaipampa, Juan García; y de Carmen de la Frontera, Ismael Huayama.

Los burgomaestres ausentes adujeron que dos de ellos no habían sido invitados y que el Gobierno Central debía también convocar a los dirigentes del Frente de Desarrollo Sostenible para el Norte, al cual ellos pertenecen.

Del Castillo dijo que los tres alcaldes habían sido invitados, así como los dirigentes de las comunidades campesinas Yanta (Ayabaca) y Segunda y Cajas (Huancabamba).

El primer ministro lamentó que los alcaldes ausentes hayan solicitado el diálogo y ahora que se les invita no están presentes. Dijo también que su presencia y la del ministro de Energía y Minas, Juan Valdivia, era para iniciar el diálogo y no imponer ninguna agenda.

"La agenda debe hacerse entre las dos partes. ¿Si no hay una de ellas, cómo podemos elaborarla", se preguntó Del Castillo.

A pesar de la ausencia de los alcaldes citados, el primer ministro dijo que van a insistir en dialogar "y siempre tendremos en cuenta el respeto a las comunidades".

Sobre el proyecto de ley que busca declarar de necesidad pública ciertos proyectos mineros, entre ellos Río Blanco, dijo que "esto no significa que no se van a cumplir los pasos que se deben efectuar para realizar una actividad minera".

Además, descartó el rumor de supuestas expropiaciones de tierras en la zona del proyecto.

En la reunión participan también diez alcaldes distritales y provinciales de Piura, de diversas tiendas políticas; así como el presidente regional, César Trelles Lara, y el arzobispo de Piura y Tumbes, monseñor José María Eguren. También están presentes los congresistas Miguel Guevara y Jhony Peralta, ambos del Apra.

Sobre la solicitud para que participe en la reunión el alcalde la provincia cajamarquina de San Ignacio, Jorge del Castillo indicó que se trata de un problema entre piuranos, pero que eso no significa que más adelante se puedan escuchar otras voces. "En estos momentos, la prioridad es escuchar las autoridades de Piura", agregó.

Virgilio Rivera, vicepresidente de la comunidad campesina Segunda Cajas, de Huancabamba; y Tomás Guerrero, presidente de la comunidad campesina de Quispampa, también participaron en la mesa de diálogo. Ambos comuneros se pronunciaron a favor de la inversión privada que haga posible proyectos de desarrollo para sus comunidades, entre los que mencionaron la carretera Buenos Aires-Canchaque.

La reunión duró tres horas, tras la cual se anunció una nueva cita para el 16 de octubre.

FRENTE A FRENTE
"La bancada del Partido Nacionalista Peruano siempre se opone a toda clase de inversión en el país. Además tenemos que recordar que la minería es lo único que genera gran cantidad de trabajo y con este proyecto tendremos una inversión de 1.400 millones de dólares. Este proyecto del Ejecutivo que declara de interés nacional la ejecución de proyectos de inversión de la actividad minera, como toda iniciativa legislativa, tiene una vía y tendrá que ser debatido previamente en la Comisión de Energía y Minas. De aprobarse este proyecto, la expropiación se debe hacer previo pago razonable por las tierras. No olvidemos que se debe aprovechar el boom minero que vivimos".
MIGUEL GUEVARA TRELLES
CONGRESISTA POR PIURA  (APRA)

"Nuestra bancada presentará una demanda de inconstitucionalidad, si se aprueba el proyecto de ley del Ejecutivo que declara de interés nacional y ejecución preferente los proyectos de inversión minera, que en el fondo buscan expropiar las tierras de las comunidades, como el caso de Ayabaca, Pacaipampa y Carmen de la Frontera. Existe una cuestión bastante especial, ya que por un lado hoy (ayer) se ha convocado a los alcaldes elegidos para propiciar el diálogo en torno al caso Majaz y, por otro, envían un proyecto de ley, que no solo está vulnerando el derecho ciudadano, sino también la propiedad de las comunidades campesinas, motivo del conflicto en la zona".
MARISOL ESPINOZA CRUZ
CONGRESISTA POR PIURA(PNP)