Un proyecto inopinado

Por Mario Pasco Cosmópolis. Laboralista

De modo intempestivo el Gobierno ha presentado un proyecto de ley para reformar el régimen de participación en las utilidades de los trabajadores.

Sorprende que para hacerlo haya prescindido de la saludable consulta previa al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), en el que están representados los trabajadores y empleadores, el propio Gobierno y la sociedad civil. Desde el punto de vista legal, tal consulta no es imperativa, pero sí desde el punto de vista social y ético.

En efecto, si el CNT existe es para algo; de lo contrario resultaría meramente retórico y al que se recurre cuando conviene, y cuando no, no.

Por lo, demás, la representatividad de dicho organismo provee a cualquier proyecto de amplia legitimidad social, de la que carecen aquellos en los que parecen prevalecer, como en este caso, compromisos de coyuntura.

La cuestión es más grave si se advierte que el CNT había revisado el tema y acogido, por consenso de las partes, una propuesta diferente, que provenía del anteproyecto de ley general de trabajo; propuesta esta muy superior al nuevo proyecto.

La cuestión se centra en la forma de distribución de las utilidades y el tope individual al monto por percibir.

La ley vigente dispone que la participación, que varía según la actividad (industria, pesquería, minería, etc.), se calcule en dos partes: 50% en función de los días trabajados, una virtual prorrata; y 50% sobre la base de la remuneración, con lo que se establecen las indispensables diferencias individuales entre, por ejemplo, un gerente y un peón.

El nuevo proyecto plantea que la primera porción, por días trabajados, se eleve a 70%; la segunda disminuya a 25% y el 5% restante sea apropiado por el Estado para efectos de capacitación y formación profesional.

En cuanto al tope, en la actualidad nadie puede percibir como participación más de 18 sueldos que, sumados al haber ordinario, permiten a un trabajador percibir 33 sueldos al año. Es una cuantía más que generosa.

El exceso sobre esos 18 sueldos se destina, precisamente, a capacitación y formación. De ese modo, el tope afecta solo a quienes más ganan, y ¡vaya si ganan más!

La insólita propuesta del Ejecutivo elimina el tope y traslada la financiación del fondo de capacitación, que antes recaía en los trabajadores con mayores participaciones, a todos los trabajadores. Es una medida regresiva que favorece a los que más ganan y perjudica generalizadamente a los que ganan menos. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo justificarlo?

La propuesta del CNT, en cambio, sí tenía un sentido social: el trabajador con participación más abultada no podría recibir un monto superior a 15 veces la del de menor participación. Así, por ejemplo, con igual número de días trabajados, un gerente no podía recibir más de 15 veces lo de un obrero. El exceso se redistribuiría entre todos los trabajadores.

De otro lado, ponía un tope en número de sueldos a la participación líquida, pero el exceso, en vez de apropiárselo al Estado, revertía al propio trabajador, no en dinero de libre disposición, sino como incremento de su fondo pensionario o de su CTS, con carácter intangible. Compárense las dos propuestas y se podrán sacar conclusiones.