LENTA EXPANSIÓN
Los costos de instalación se encarecen por pagos municipales. San Miguel, Jesús María y Magdalena se comprometen a no realizar cobros
Por Iván Herrera Orsi
En la fachada de la casa de Elsi Chávez, en la cuadra 10 del jirón Domingo Ponte, en Magdalena, una canaleta abierta en la pared y una caja empotrada y vacía, destinada a un medidor que aún no llega, grafican la espera por una conexión a la red de gas natural.
Hace cosa de un año Chávez solicitó que le instalaran el servicio, pero el trabajo ha quedado inconcluso. En su momento, la empresa Cálidda --que se encarga de la distribución de este combustible-- le comunicó que la municipalidad del distrito estaba reclamando un pago por la conexión, el cual encarecería lo que ella debería cancelar para acceder a la red. Chávez sigue aguardando novedades y, mientras tanto, compra balones de GLP.
"Hay un montón de clientes con contratos firmados que esperan la conexión", dice Gisella Benavente, gerente de Comunicación Corporativa de Cálidda, quien relaciona la demora con los cargos que cobran las municipalidades por el derecho de efectuar la instalación.
Para la compañía, estos pagos desaniman a los clientes potenciales y son un factor que frena la expansión del gas natural entre las viviendas de Lima.
Julio Salvador, gerente de fiscalización en gas natural del Órgano Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin), señala que la empresa ha superado la meta a la que se había comprometido respecto a la habilitación de puntos de conexión para los hogares: para agosto del 2006, al cumplirse dos años de la concesión, debía estar en condiciones de atender a más de 14.000 usuarios.
Hoy la red pasa frente a más 64.000 viviendas, en seis distritos de Lima (Surco, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre, San Miguel y el Cercado de Lima), según datos de Cálidda. Sin embargo, apenas 6.700 --aproximadamente el 10%-- reciben ya gas natural.
COBROS Y NEGOCIACIONES
Ernesto Córdova, gerente general de Cálidda, asegura que desde que la Municipalidad de Lima empezó a cobrar a los usuarios el cargo de conexión domiciliaria en el caso del gas en las vías de su jurisdicción (el Cercado y las avenidas metropolitanas), las solicitudes se vinieron abajo.
En noviembre del 2005 se conectó el servicio a 350 hogares del Cercado, pero hoy las cifras mensuales llegan a 10. El descenso se acentuó luego del primer trimestre del 2006, cuando el concejo empezó a notificar a los clientes para que realicen el pago (S/.133), asegura Cálidda.
"A diferencia de lo que ocurre con el agua y la luz, en el gas tenemos competencia. Si se quiere impulsar el consumo residencial del gas natural, se debería eliminar estos cobros", opina Córdova.
Se quiso obtener una explicación del concejo limeño sobre el tema, pero no hubo respuesta.
Según el Instituto Peruano de Administración Municipal (IPAM), solo Pueblo Libre, además de la Municipalidad de Lima, contempla a la fecha este cobro en su Texto Único de Procedimientos Administrativos (TUPA), entre las comunas que cuentan con servicio residencial de gas. No obstante, el Concejo de Pueblo Libre todavía no ha conseguido la ratificación de su par limeño. La tarifa fijada en dicho distrito era de S/.75.
En San Miguel se estuvo cobrando hasta hace poco S/.376,40, pero a través de una ordenanza, la se exoneró a los vecinos de ese cargo por tres años, a fin de promover las conexiones de gas natural.
Ejecutivos de Cálidda se han reunido con representantes de varias municipalidades para convencerlos de ir en esa dirección. Jesús María y Magdalena se han comprometido a no cobrar por conexión domiciliaria.
CLAVES
Cambios en el marco regulatorio
4Cálidda cobra en promedio unos 2.000 soles por la conexión a la red. Según su gerente general, la tarifa podría reducirse en un 30% si se autorizara el uso de tuberías de aluminio y polietileno y si se cambiara un anexo del contrato referido a la técnica del tendido de la red.
4Cálidda ofrece a los concejos financiar sus proyectos sociales si eliminan el cobro de conexión domiciliaria.
4Magdalena dice que no cobraba a los usuarios. Solo lo hacía a la empresa por el derecho de abrir zanjas en la calle.
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