Aparte de tardía, el Ministro del Interior solo ha dado una primera, aunque insuficiente, señal de profilaxis en el sector.
Se trata de una medida básicamente de reasignación y no de remoción --como se dio a entender en un primer momento-- de 20 funcionarios públicos y oficiales de la Policía Nacional que participaron, desde distintas posiciones y jerarquías, en la sobrevalorada compra de pertrechos antimotines. Constituye una excepción la aceptación de renuncia de la secretaria general del ministerio, Nelly Trinidad Rodríguez, de larga trayectoria burocrática y cuya influencia era poderosa en el manejo de las compras.
Debemos señalar que hay de por medio un proceso de investigación, que debe determinar responsabilidades para motivar los cambios y fundamentar las destituciones del personal.
Si bien es previsible que las autoridades se escudarán en las exageradas protecciones legales y laborales, ello no justifica que, en este juego de las reasignaciones, un funcionario, por más rango que ostente, pase a ocupar otro cargo de tanta responsabilidad como el anterior.
Así las cosas, la reasignación resulta timorata frente a la magnitud del problema. Incluso posee visos de ser una acción desesperada dado que la censura ministerial se votará en las próximas horas.
Se demuestra además la falta de decisión política del ministro Luis Alva Castro para enfrentarse al monstruo de la corrupción y de una vez por todas reestructurar radicalmente el Ministerio del Interior y extirpar a la mafia que cohabita en esas instalaciones.
Pero aquí no termina el proceso. De una parte la contraloría y el Consucode deben seguir investigando todos los procesos de compra, y de otra, la fiscalía y el Poder Judicial tienen que hacer lo propio para dar con las entrañas hasta hoy impunes de la corrupción en el sector Interior. La última parte en esta incipiente reingeniería administrativa debe ser colocar como reemplazantes a funcionarios idóneos para, por fin, contar con un sector saneado y confiable.
Si el ministro Alva Castro quiere ganarse la confianza de la ciudadanía y del Congreso, que debe votar su censura, entonces tiene que ser el motor del cambio y lanzarse a reestructurar a profundidad el sector que tan timoratamente encara.