A UNOS PASOS DEL PODER JUDICIAL Y DE LA COMISARÍA

Los falsificadores reaparecen en Azángaro por falta de vigilancia

El Colegio de Notarios donará cámaras de video y pide más patrullaje. Varios cabecillas estuvieron presos, pero al poco tiempo fueron liberados

Por Iván Herrera Orsi

La reciente captura de José Eliceo Bejarano Quispe, 'Gordo Pepe', acusado de ser uno de los mayores falsificadores de documentos del jirón Azángaro, no ha sido suficiente para frenar las mafias que operan allí. En las últimas tres cuadras de este jirón, e incluso a la vuelta, en el jirón Aljovín, a un lado del Palacio de Justicia, los 'jaladores' se siguen lanzando, uno tras otro, a la caza de clientes.

A nosotros nos ofrecieron DNI, facturas, títulos profesionales, partidas de matrimonio. Un sujeto apodado 'Charapa' nos prometió tenernos listo en pocos minutos un título de abogado por S/.150. Un competidor --llamado Abraham, como el Padre de los Creyentes-- pedía 100 dólares, pero luego aceptó rebajarlos a S/.200. Los jaladores son tipos con gran sentido del humor: ofrecen sus delitos bajo la etiqueta de "legalizaciones".

Pero si pueden actuar a sus anchas es porque la policía retiró a inicios del año la vigilancia permanente que había instalado en agosto del 2006, en coordinación con la Municipalidad de Lima. En aquel entonces, se dispuso que personal de distintas dependencias policiales, junto con el serenazgo, patrullaran continuamente la zona. Ahora el control parece limitarse a las incursiones esporádicas de los efectivos de la cercana delegación policial de Cotabambas, bajo cuya jurisdicción está este paraíso de los falsificadores en el jirón Azángaro.

"Hemos estado coordinando con el comandante (Juan) Pinzás (jefe de la delegación policial de Cotabambas) para potenciar las operaciones en el jirón Azángaro. De lo que se trata es que haya vigilancia al menos doce horas diarias", reveló Eduardo Laos de Lama, decano del Colegio de Notarios de Lima.

Entrevistado por El Comercio, Laos de Lama anunció que el Colegio de Notarios donará cámaras de videovigilancia para facilitar la labor de la policía en la zona. Destacó los esfuerzos de la comisaría de Cotabambas, pero los consideró insuficientes.

Quien parece satisfecho es el coronel Ántero Huaroto, jefe distrital de la policía en el Cercado. Huaroto insiste en que sí hay presencia policial en el jirón Azángaro y que por ello se logró detener a Bejarano y a otros tres cabecillas de los falsificadores la semana pasada. Él sostiene que se va a continuar esta labor y aclara que los fiscales y jueces tienen que mostrar mayor firmeza.

MANO BLANDA
Razón no le falta. Según el Instituto Nacional Penitenciario (INPE), el 'Gordo Pepe' estuvo en prisión en dos ocasiones por falsificación: en mayo de 1991 y en mayo de 1998. En ninguna de las dos duró más de un mes en la cárcel. En julio del 2005 fue detenido de nuevo, pero el caso nunca llegó al Poder Judicial. Fuentes del Ministerio Público señalan que el caso se sigue investigando.

También preocupa lo sucedido con Luis Alberto Nongrados Vera, conocido como 'Cabro Lucho'. Este sujeto, quien estuvo encarcelado en el 2001, fue arrestado otra vez en agosto del año pasado durante una intervención policial bastante publicitada. Al momento de su detención, se halló documentos fraguados en su poder. Sin embargo, ya salió de prisión. Según el INPE, dejó el presidio el 5 de enero y actualmente se encuentra bajo arresto domiciliario.

El comprador debe ser sancionado
El abogado penalista Mario Amoretti explica que la persona que manda a fraguar un documento debería y podría recibir la misma sanción que el falsificador: de dos a diez años de prisión, si se trata de documentos públicos. "El problema es que esto no se aplica", comenta el abogado.

Según Amoretti, el derecho peruano reconoce que el instigador es tan culpable como el autor material de un delito, y este mismo principio se aplica en este caso. Además, la Corte Suprema ya ha establecido que no hace falta que haya una persona perjudicada para que se configure el delito de falsificación: basta el peligro que implica la existencia del documento falso.

Para la policía es claro que, mientras siga existiendo la demanda, no se podrá acabar del todo con las mafias de falsificadores. En el mejor de los casos, estas se mudarán del jirón Azángaro a otros puntos de la ciudad.

Muchas de las personas que recurren a los falsificadores del jirón Azángaro son choferes sancionados que no quieren quedarse sin brevete. Otros buscan evitarse trámites engorrosos y costosos o tener que viajar a provincias para gestionar un documento.