En el lanzamiento de la campaña contra la falsificación de documentos, impulsada por la Presidencia del Consejo de Ministros y el Colegio de Notarios, se informó que el Perú pierde más de 120 millones de dólares al año a causa de ese delito que origina estafas con documentos falsos, fraudes bancarios y hasta robo de propiedades.
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