Habrá vigilancia policial permanente y videocámaras en el jirón Azángaro

Se pierden más de 120 millones de dólares por delitos contra la fe pública. Harán campañas de formación en colegios y universidades

Por Fabiola Torres López

Rosa Luz Galindo Molina tuvo la vida más corta del mundo. Nació, se casó y falleció el 9 de setiembre de 1966. Una semana después, resucitó para recibir un título de instrucción técnica de un instituto de Lima. La absurda historia de esta mujer existe solo en documentos que las mafias del jirón Azángaro falsifican para sus clientes sin reparo alguno, a excepción del dinero. Los cuatro papeles que dieron cuenta de la 'vida' de Rosa Luz costaron 400 soles.

Mientras las bandas de falsificadores lucran y sus clientes (aunque muchos no lo reconozcan) se pasan a las filas de la delincuencia, el Perú pierde más de 120 millones de dólares al año por causa de estafas con documentos falsos, fraudes bancarios, robo de propiedades, afectación de derechos, procesos judiciales y gastos de abogados.

La cifra no solo tiene un impacto económico, sino que revela también cómo un país se ha ido habituando a incumplir sus normas y asumir el delito de falsificación de documentos como parte de la cotidianidad. Este fue el diagnóstico que la Presidencia del Consejo de Ministros y el Colegio de Notarios de Lima presentaron ayer durante el lanzamiento de una campaña contra la falsificación de documentos que empezará en la capital y se trasladará paulatinamente a provincias.

"El Gobierno quiere recuperar la fe pública. La falsificación de documentos se permite en el país porque ha faltado cultura y penalidad", señaló el primer ministro, Jorge del Castillo, quien anunció que la cruzada tendrá la participación multisectorial del Estado y también el apoyo de representantes de la sociedad civil.

En las acciones estratégicas participarán la Policía Nacional del Perú (PNP), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), la Asociación de Bancos (Asbanc), la Superintendencia Nacional de Registros Públicos (Sunarp), el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Además, el actor Carlos Carlín colaborará con la campaña a través de mensajes que dirigirá a los jóvenes sobre la gravedad del delito de falsificación de documentos.

DELITO IMPUNE
Una de las primeras medidas anunciadas es la reanudación de las intervenciones policiales en los principales lugares de falsificación, así como la asignación de efectivos dedicados a vigilar permanentemente el jirón Azángaro del Centro de Lima. El Comercio alertó hace unos días que los falsificadores reaparecieron en esta calle porque la policía retiró a inicios del año la vigilancia permanente que había instalado en agosto del 2006, en coordinación con la Municipalidad de Lima.

La Dirección de Investigación Criminal (Dinincri) ha informado que en lo que va del año se han registrado denuncias por falsificación de documentos (DNI, partidas de nacimiento, defunción, certificados de estudios), pero el delito está impune. Los cabecillas de las mafias de falsificación están libres y la policía tiene problemas para demostrar la flagrancia de este delito.

Para apoyar en la tarea policial, Eduardo Laos de Lama, decano del Colegio de Notarios de Lima, anunció ayer que esta orden profesional donará cámaras de circuito cerrado, cuya central de monitoreo estará en la comisaría de Cotabambas, para grabar a los delincuentes en plena acción ilícita, lo que serviría como evidencia del delito.

Además, la policía asignará efectivos que se dedicarán a la vigilancia permanente de los principales lugares de falsificación de documentos. Según la División de Estafas, además del Cercado, las mafias operan en Lince, Jesús María, San Martín de Porres y Los Olivos.

Con respecto a las notarías limeñas, en coordinación con el Reniec, se pondrá en práctica el sistema de detección de huellas digitales, el cual ya viene utilizándose en la notaría Espinoza. Mientras tanto, Asbanc difundirá un video de la campaña que será transmitido en todos los circuitos cerrados del país y en salas de cine.

Por último, el Colegio de Notarios realizará charlas educativas e informativas en colegios y universidades para concientizar a la población joven sobre lo grave y perjudicial que es la falsificación de documentos.

EN PUNTOS
Instigador y autor son culpables
4El Código Penal señala: "El que hace, en todo o en parte, un documento falso o adultera uno verdadero () será reprimido, si de su uso puede resultar algún perjuicio, con pena de cárcel de no menos de dos ni mayor de diez años ()".
4El derecho peruano reconoce que el instigador es tan culpable como el autor material de un delito. Además, la Corte Suprema ya ha establecido que no hace falta que haya una persona perjudicada para que se configure el delito de falsificación: basta el peligro que implica la existencia del documento falso.
4Para la policía, mientras siga existiendo la demanda de documentos falsos, no se podrá acabar del todo con las mafias dedicadas a este ilícito negocio. Hasta el 2005, el INPE reportó que había 47 personas recluidas en todos los penales del país por delitos contra la fe pública.

DEL CONSULTOR
Prioricemos la formación moral *
Pienso que este tema no puede ser separado de la profunda necesidad que tiene el país de priorizar la formación moral de los ciudadanos.

Se trata de educar para lograr un hábito de respeto por la ley como única manera de crear una sociedad justa. La falsificación de documentos es, simplemente, un modo en el que se muestra el desprecio por la honestidad y la convicción generalizada de que el fin justifica los medios y que la viveza es una virtud moral.

Lamentablemente, es una tarea imposible para la educación formar esta preferencia por la decencia y el respeto a la verdad cuando los niños crecen en una sociedad en la que deben enterarse de que un ex presidente de la República falsificó su nacionalidad y asistir todos los días al espectáculo penoso que dan muchas autoridades.

La educación tiene que empezar por la conducta ejemplar de quienes aparecen como símbolos del poder. No se educa moralmente por decreto. La escuela no puede luchar contra el océano de corrupción en el que se encuentra inmersa, la formación moral depende, en gran medida, de la encarnación visible de modelos que motivan el actuar.

La escuela formalista, competitiva, en la que solo cuenta el aprobar y en la que no se viven las virtudes cívicas, tampoco va a ayudar a convencer a los peruanos de que siempre debemos preferir la honestidad.

Constantino Carvallo. Educador *